EL MUNDO 10/06/14
EDITORIAL
UN CORREO electrónico confidencial de la denominada Plataforma Multireferéndum –que agrupó a los colectivos antisistema catalanes que el 25-M promovieron un ensayo de consulta popular– prueba cómo estos grupos recibieron asesoramiento de la Generalitat para colocar urnas ilegales y burlar los controles durante la jornada electoral.
El e-mail, cuyo contenido hoy revelamos, de «difusión reservada», alude a un «acuerdo» con la Consejería de Interior de la Generalitat, y fue dirigido por los instigadores de aquella pantomima democrática a los «voluntarios interventores» para tranquilizarles, para asegurarles que difícilmente serían identificados o multados por los mossos y para aleccionarles sobre la distancia a la que tenían que colocar las mesas para eludir sanciones. En la misiva también se les advertía sobre cómo tenían que comportarse para evitar juicios por desobediencia en municipios en los que se les hubiera denegado permiso para celebrar el multireferéndum, «especialmente en aquellos que dispongan de guardia urbana».
La garantía de que no habría sanciones ni actuaciones por parte de la policía autonómica sugiere la posible existencia de una directriz política, en menoscabo de la legalidad, que debería investigarse. De hecho, este e-mail alude a un pacto bajo mano que podría ser constitutivo de delito, en tanto que pone de relieve que la Generalitat no sólo incumplió su obligación de hacer lo posible por impedir una consulta que adulteraba el objetivo de la convocatoria, sino que la amparó en secreto.
El mencionado multireferéndum iba a aprovechar la apertura de los colegios electorales para preguntar a los ciudadanos sobre la agricultura transgénica, el pago de la «deuda ilegítima», el control democrático del sector energético y la trascendencia de la iniciativas legislativas populares (ILP), cuestiones que nada tenían que ver con los comicios europeos. Una denuncia de VOX ante la Junta Electoral abortó finalmente el proceso que la Generalitat tuteló entre bastidores.
Que los principales responsables de hacer cumplir las leyes en Cataluña instruyeran a colectivos antisistema sobre el modo de burlar esas leyes es gravísimo. Pone de manifiesto la deriva en que se ha embarcado la Generalitat desde que Artur Mas convirtió la celebración de una consulta independentista ilegal en su único leitmotiv. También ilustra hasta qué punto la CiU de Mas está siendo fagocitada por formaciones radicales. La consecuencia de esto es que ERC se convirtió aquel 25-M en la fuerza política más votada en Cataluña.
Por otra parte, la posible dimisión de Duran Lleida como secretario general de CiU, después de que el presidente de la Generalitat haya flirteado con la estrategia de ERC en el proceso de abdicación del Rey, revela una fisura en la federación de la que el nacionalismo moderado catalán debería extraer lecciones. De hecho, dos consejeros convergentes dieron por amortizado ayer al líder de Unió Democràtica, lo que prueba el deterioro de la coalición. Al presidente catalán, decidido a hacer de costalero de los grupos más radicales, no parece importarle pagar el precio de incurrir en irregularidades flagrantes, asumir discursos ajenos o permitir la división de su partido.