EL PACTO alcanzado entre PP y Ciudadanos, rubricado en un documento que contiene 80 medidas para poner en marcha a lo largo de la legislatura, supone un avance decisivo para fraguar el cambio histórico que decidieron los ciudadanos de Andalucía en las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre. Las dos formaciones de centroderecha han articulado un acuerdo programático de cariz moderado, de voluntad reformista y de orientación abiertamente liberal. Vox, cuyas exigencias se han visto relegadas, ya ha amenazado con impedir la mayoría parlamentaria necesaria para hacer efectivo el relevo en el Gobierno. Sería un error colosal que la formación de derecha populista, tras emerger con fuerza en el panorama político andaluz, desbaratara la posibilidad de materializar el cambio en la Presidencia regional y desbancar al PSOE por primera vez en 36 años.

Además de la defensa del marco constitucional y, por tanto, del Estado de las Autonomías, populares y Cs también han fijado una reforma del Estatuto de Autonomía, aunque no para cerrar Canal Sur o para devolver a la Administración del Estado las competencias en sanidad y educación, sino para eliminar los aforamientos de altos cargos, en concreto, los del presidente de la Junta, los miembros del Consejo de Gobierno y los diputados del Parlamento andaluz. A ello se suma el desarrollo en esta región del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo que contradice la exigencia del partido que preside Santiago Abascal de sustituir esta norma por una Ley de Violencia Intrafamiliar y la sustitución de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una de Familia y Natalidad. PP y Cs también han acordado despolitizar el Servicio Andaluz de Salud, y aprobar un plan de refuerzo educativo en esta materia y reconocer la condición de autoridad del profesorado. En cuanto a la televisión pública, ambas formaciones rechazan su cierre –tal como propone Vox– y se han propuesto estudiar las posibilidades de «redimensionamiento y de mejora de la eficiencia de los recursos», además de acometer los cambios necesarios para garantizar su «profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia». Finalmente, el Gobierno que surja de la suma de PP y Cs aprobará un decreto ley para centralizar y supervisar las entidades dispersas de la administración paralela tejida por los socialistas, lo que supondría liquidar entes superfluos o innecesarios.

Andalucía encara así una etapa inédita marcada por el desalojo del poder del PSOE, tras casi cuatro décadas de régimen clientelista. Urge reflotar la economía andaluza bajando impuestos y aligerando las cargas de la Administración, frenar el deterioro de los servicios públicos y regenerar a fondo la vida pública. La hoja de ruta trazada entre PP y Cs plasma la voluntad de cambio de la mayoría de los andaluces. Sería irresponsable que un partido emergente como Vox la bloqueara.