EDITORIAL EL PAIS – 09/07/17
· Decir que “nunca” se usará el 155 debilita la acción contra el separatismo.
Ante el desafío independentista catalán, hay que dar la bienvenida al acuerdo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez de rechazar el referéndum ilegal. Pero si la reunión de ambos el jueves pasado tenía como objetivo presentar al PSOE como un partido dispuesto a pactar políticas de Estado con el Ejecutivo, las puntualizaciones posteriores realizadas por los propios socialistas desmienten que el acuerdo sea tan profundo y sólido como debiera esperarse.
Mientras que el Gobierno pone el acento en que hay acuerdo “en lo sustancial”, el PSOE señala sus profundas discrepancias con la estrategia seguida por este y anuncia que adoptará sus propias iniciativas políticas y legislativas, sin precisar más, para desencallar el diálogo con el Govern catalán. Es indudable que ese diálogo es necesario, pero a dos meses del anunciado referéndum genera preocupación comprobar cómo ha cuajado en el seno del Partido Socialista una oposición frontal a la hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución española para frenar una eventual consulta ilegal.
¿Es este el momento? La cacofonía socialista respecto a este punto llega casi en el tiempo de descuento y es, además, contradictoria. Si el PSOE está de acuerdo en impedir el referéndum, ¿por qué cerrar la puerta a la aplicación de un mecanismo establecido en la propia Constitución? Como ha indicado el expresidente Felipe González, tan legítimo es sustentar una comunidad autónoma contemplada en la Constitución como aplicar un artículo de esta para que se cumpla la ley. La portavoz parlamentaria Margarita Robles ha sido, sin embargo, categórica afirmando que “nunca sería una solución procedente”. Rechaza, en definitiva, una medida legal inscrita en la Carta Magna desde hace 39 años.
Se ha logrado que cale en la opinión pública una percepción desproporcionada sobre el alcance real del artículo 155. El 155 no es el botón nuclear capaz de anular por completo la capacidad de acción del Gobierno catalán. Es una herramienta legal más, entre otras, que permitiría anular decisiones ilegales del procés interviniendo desde el Gobierno central. La aseveración socialista de no aplicar “nunca” dicho precepto solo abunda en la versión independentista, que es precisamente la que habría que empezar a desactivar.
Con un argumento más reposado, Patxi López, secretario de Política Federal del PSOE, ha hablado de aplicar medidas “en función de los hechos”, pero Pedro Sánchez ha mantenido la ambigüedad. Si el PSOE se alinea con el Gobierno y la legalidad vigente es improcedente que se niegue por principio al uso del 155: otra cosa es su oportunidad política y eficacia, que deberá ser discutida. Frente a la alocada y antidemocrática iniciativa del Gobierno de Cataluña hay que esgrimir el diálogo, pero también la ley. Descartar ésta de plano es debilitar la posición constitucionalista y bloquear una medida que puede ser útil.
Incluso las instituciones catalanas están dudando de la legalidad de algunas de las iniciativas del president Carles Puigdemont. Sería saludable que el PSOE aclarara y detallara cuanto antes sus propuestas. Es, seguramente, lo que los españoles, incluidos los catalanes, esperan de él.
EDITORIAL EL PAIS – 09/07/17