Santiago González, EL MUNDO, 17/3/12
Ya antes hubo un presidente de comunidad autónoma procesado (y absuelto) por el caso Gürtel; ahora ocupa los papeles un cuñado del lehendakari. La corrupción y su espectáculo, apuntábamos ayer, constituyen un fenómeno transversal, ya lo sabíamos, no distingue de ideologías y no hay una moral unívoca entre los ciudadanos, a quienes no suele importar, por lo general, que roben los suyos, pero que se convierten en las calceteras de la Concordia al paso de las carretas que llevan justiciables adversarios. Desde lo de Urdangarin sabemos también que es también vertical, «desde la altiva princesa a la que pesca en ruin barca» por decirlo con palabras de Zorrilla.
Éste es uno de los problemas más graves que tiene la sociedad española, porque ninguno de sus políticos ha hecho una reflexión más allá de ver cómo usamos la del adversario en nuestro provecho electoral y tratar de disimular la de los nuestros. El caso de Melchor Gil, el cuñado que se construyó un chalé en Castro, que es el sueño de la clase media-media de la margen izquierda, con sus metros de porche y su poquito de piscina, es el último asunto que mantiene entretenidos a los medios de comunicación. El PSE ha acusado a la Diputación de Bizkaia de publicar el expediente para perjudicar electoralmente a su partido y el presidente del EBB ha respondido que no desvíen «el foco de la atención», que la cuestión, que «el problema es la causa de esto, si se ha cometido un delito fiscal y si se ha producido un delito penal».
Pasarse de frenada se llama la figura. Parece evidente que no ha habido delito fiscal, puesto que la deuda tributaria, 103.000 euros, no llegaba a los 120.000 que son el umbral del delito. Melchor Gil fue requerido por la Hacienda vizcaína y pagó la deuda y su correspondiente multa, un total de 131.733 euros. Entonces la Diputación envió a la Fiscalía el caso por los 419.000 euros que el dirigente socialista habría obtenido entre 2005 y 2009, con el fin de que investigara el origen de esos dineros, por si pudiera haber algún delito de tráfico de influencias y similares. Está bien que la Fiscalía investigue, es lo suyo, pero hasta el momento, Melchor Gil no ha sido procesado, ni imputado y, pese a lo que diga Urkullu, hay algo más desasosegante en el fondo de este asunto que la compra del chalé de Castro. Es la idea de que la Hacienda utiliza los datos de los ciudadanos de manera ventajista a favor del partido que sustenta la Diputación y en contra de sus rivales políticos. Es cierto que los socialistas no tienen pruebas, pero han sido antes cocineros y saben lo que es usar pro domo sua la Fiscalía Anticorrupción, lo que es filtrar, ay, aquellas conversaciones de Camps y aquel inicio del sumario de Gürtel, con el ministro de Justicia cenando en Andújar con el jefe de la Policía Judicial y el juez que unas horas antes había detenido a los cabecillas de la trama. Un sobre sin remite enviado a las redacciones de los periódicos vascos, con los 400 folios del expediente. Un dato: no había sellos del registro de entrada en la Fiscalía. No es un asunto edificante, ni la imagen de Gil sale bien parada de esto. Hombre, sí resulta bastante llamativo que esa irregularidad fiscal ya subsanada haya sido cometida por el dirigente de un partido tan proclive a subir los impuestos.
Santiago González, EL MUNDO, 17/3/12