EDITORIAL EL MUNDO – 13/12/15
· El zarpazo islamista, en esta ocasión de los talibán, arrebató el viernes la vida de dos policías españoles en la embajada de Kabul: el subinspector Jorge García Tudela y el agente Isidro Gabino San Martín. Un atentado terrorista que vuelve a sumirnos en el dolor ante la sinrazón del fanatismo que considera enemigos a cuantos representan valores democráticos. De entrada, este triste episodio debe llevarnos a poner en valor una vez más la extraordinaria labor que están desarrollando en lugares tan convulsos del mundo como Afganistán nuestros representantes diplomáticos y los miembros de los cuerpos de Seguridad. Las víctimas de la embajada se suman al sacrificio de decenas de soldados españoles que durante 14 años trataron de ayudar a un pueblo castigado por la pobreza y la violencia. En momentos como éste, la prioridad es apoyar a las familias de los dos agentes asesinados y mantener la unidad frente al terror. Pero ello no quita que la ciudadanía espere de su Gobierno la máxima transparencia y una información clara de lo ocurrido, algo que no sucedió durante la crisis vivida en Kabul.
Porque, pese a la lógica confusión en torno a los hechos nada más tenerse conocimiento del atentado, hubo precipitación en las declaraciones que llegaban desde el Gobierno, que debió esperar a tener más claves sobre lo ocurrido para descartar que se hubiera tratado de un ataque contra España, como aventuró el presidente poco después de conocer la noticia. Es difícil entender también las razones que llevaron al ministro de Exteriores, García-Margallo, a mantener su mitin en Orihuela (Alicante) tras conocer la noticia, cuando por razón de su cargo hubiera debido encabezar al instante un gabinete de seguimiento de los hechos, independientemente de que el atentado no hubiera producido víctimas mortales como se pensó en un principio, algo que desgraciadamente no se correspondió con la realidad.
Dicho todo ello, no tiene sentido achacar al Gobierno ningún intento de manipulación o intento deliberado de desinformación, porque lo que hizo fue trasladar lo que transmitían las autoridades afganas que estaban sobre el terreno. El Ejecutivo hizo bien al apresurarse a llamar a los distintos líderes de los partidos para compartir la información de la que disponía. Y, en la misma línea, fue positivo que Rajoy convocara ayer mismo a los firmantes del Pacto Antiyihadista, dada la gravedad de lo ocurrido, secundando así la petición del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Porque en este asunto lo prioritario es la unidad de todas las fuerzas políticas. Y este Pacto que en su día impulsaron PP y PSOE, y al que se acaban de sumar casi todos los partidos, con excepciones como Podemos, es el foro apropiado tanto para evaluar este tipo de situaciones como para exigir al Gobierno cuantas explicaciones sean necesarias. Todo ello desde la necesaria cooperación.
Nada de esto está reñido con la necesidad de investigar hasta el último detalle lo ocurrido y, en especial, las denuncias de que la seguridad de la embajada española en la capital afgana tenía graves deficiencias y era muy inferior a la de otras cancillerías extranjeras. Sobre esto último, cabe señalar que la legación diplomática española es de las pocas occidentales que se encuentran fuera de la denominada green zone, el área de seguridad de la ciudad donde está prohibida la circulación de vehículos y cuyos accesos están fuertemente controlados por agentes de seguridad afganos. Por el contrario, nuestras instalaciones están en una calle principal, muy transitada, del llamado barrio de los señores de la guerra. Y uno de ellos –miembro de los muyahidines que han hecho la guerra a los talibán–, es el propietario del edificio que hoy alberga la legación.
La Unión Federal de Policía, en un duro comunicado, criticaba ayer que «la situación de la embajada es casi cómica», por cuanto es un blanco demasiado fácil para cualquier ataque desde la calle. No olvidemos que en 2009 ya sufrió, de rebote, un impacto múltiple de balas que a punto estuvo de costarle la vida al entonces canciller. Así las cosas, es inadmisible que los sucesivos gobiernos hayan mantenido un lugar tan peligroso como sede diplomática. Máxime cuando Afganistán es un Estado fallido, en el que sus débiles autoridades son incapaces de hacer frente a las embestidas talibán, que se han recrudecido a medida que la mayor parte de los contingentes militares extranjeros –incluido el español– han ido abandonando el país.
España puede sentirse orgullosa del esfuerzo que ha hecho por ayudar al pueblo afgano, pero nuestros soldados, policías y diplomáticos no siempre han encontrado el apoyo que merecían en una misión de tan alto riesgo. Con todo, se equivocarían profundamente aquellos políticos que trataran de sacar algún tipo de rédito partidista, en plena campaña electoral, del atentado en Kabul. Ante el yihadismo, como en su día ante el terrorismo de ETA, los españoles desean la unidad de la clase política.
EDITORIAL EL MUNDO – 13/12/15