La semana dejó una noticia que hace tiempo habría parecido imposible: condenas. Años de prisión. Pasaportes retirados. Funcionarios descubriendo que para la Justicia un cargo poderoso no es la capa de Superman, que no es verdad que siempre podrían volar. Para millones de españoles, cansados de escuchar que todo era un bulo, una conspiración o una máquina del fango, reconocer el saqueo y comprobar que aparece el castigo debido es una noticia reconfortante.

Pero una buena noticia judicial no equivale a una buena salud institucional. La mayoría de las democracias modernas descansan sobre tres poderes constitucionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con el tiempo apareció un cuarto poder que nadie eligió formalmente, pero cuya influencia llegó a ser comparable a la de los otros tres: los medios de comunicación. Cada revolución tecnológica amplió su alcance hasta convertirlo en una fuerza capaz de moldear la percepción colectiva de millones de personas.

España, además, conserva una singularidad histórica. Técnicamente sigue siendo una monarquía constitucional. Existe incluso un poder real, literalmente real, aunque apenas literalmente. Su influencia política efectiva es hoy limitada. Cumple una importante función simbólica, institucional y representativa. Poco más. Los verdaderos problemas están en otra parte.

Violar leyes y enriquecerse

El poder ejecutivo español ha alcanzado un nivel de deterioro aberrante y obsceno. Ya no se trata únicamente de un gobierno que perdió las elecciones y continúa gobernando gracias a una compleja aritmética parlamentaria. Lo que ha cambiado es la percepción social de ese poder. Las investigaciones, los procesamientos y las condenas han instalado una sospecha mucho más grave: la posibilidad de que parte de la estructura gubernamental haya funcionado durante años como una organización dedicada a violar leyes, enriquecerse y utilizar las instituciones para transformar a España en otra cosa.

El poder legislativo tampoco sale especialmente bien parado. Durante demasiado tiempo actuó más como un mecanismo de supervivencia para el Ejecutivo que como un auténtico contrapeso institucional. Mientras tanto, gran parte de la sociedad civil permanecía distraída por problemas mucho más inmediatos. La inseguridad, la ocupación ilegal de viviendas, el deterioro de barrios enteros, la presión migratoria, el aumento del coste de vida o la incertidumbre sobre el futuro de los hijos son preocupaciones que impiden a muchos ciudadanos a prestar atención al funcionamiento de las instituciones.

Y entonces aparece el Poder Judicial, el único que realmente ha estado funcionando. Con defectos, con lentitud y con recursos interminables, sí. Pero funcionando. Porque finalmente, y en los hechos, quien puso límites al poder ejecutivo no fue el legislativo. No fueron las organizaciones civiles. Fueron los jueces. Eso debería alegrar a cualquier demócrata. Pero también debería preocuparle. Porque ninguna democracia sana puede depender exclusivamente de los tribunales para defenderse.

Alberto Núñez Feijóo reivindica hoy su historial de más de 13 años de gestión en Galicia. Dice: ¨Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca y los miembros de mi gobierno tampoco”. Magnífico. Supongamos incluso que es verdad. El problema es que los españoles necesitan algo más que la promesa de no robar. Necesitan saber cómo se arregla lo que queda. Cómo se recupera la seguridad. Cómo se controla la inmigración ilegal. Qué leyes se derogan y cuáles las reemplazan. Cómo se reconstruyen instituciones degradadas. ¿Él mismo, o algún otro opositor tiene algún plan?

Cicatrices profundas

Porque después de años de escándalos, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué piensa hacer la política con España cuando termine esta pesadilla socialista? La experiencia reciente de los países que aplicaron con entusiasmo los manuales del Foro de São Paulo demuestra que la recuperación no es rápida, ni sencilla, ni necesariamente definitiva. Los populismos dejan cicatrices profundas. Destruyen hábitos, incentivos, instituciones y expectativas. Lo que rompen durante años no se recompone en una legislatura.

Sin embargo, aquí aparece la primera buena noticia. Nuestra primera herramienta. La papeleta electoral. Si la participación en las próximas elecciones generales bate récords históricos, España tendrá una oportunidad real de iniciar su recuperación. El voto sigue siendo el arma más poderosa que posee un ciudadano libre.

Nuestra segunda herramienta

Pero todavía queda por reparar el cuarto poder. El periodismo español sale de esta etapa profundamente dividido. Hubo periodistas que investigaron, denunciaron y soportaron presiones. Y hubo otros que hicieron exactamente lo contrario. Negaron, ridiculizaron y encubrieron. Explicaron durante años que los escándalos eran inventos. Que las denuncias eran fango. Que las pruebas no existían. Que la corrupción era una fantasía colectiva. Hoy muchos intentan cambiar discretamente de posición. Otros abandonan la patera socialista con la misma velocidad con la que las ratas abandonan un barco que se hunde.

Y aquí aparece nuestra segunda herramienta. El control remoto.

Cada ciudadano decide qué canal mira, qué programa consume, qué periódico lee y a quién entrega su confianza. Ningún gobierno puede obligar a una audiencia a permanecer delante de una pantalla.  Los españoles tenemos, por tanto, dos armas extraordinariamente simples. Un control remoto, y una papeleta.

La primera sirve para castigar a quienes nos mintieron, la segunda sirve para castigar a quienes nos robaron. Y si después de todo lo que hemos visto seguimos sin utilizarlas, quizá Burke tenía razón: para que triunfe el mal no hace falta que los corruptos hagan mucho. Basta con que los ciudadanos no hagan nada.