EL CORREO 09/04/14
· La cifra supondría una pérdida de 6.300 millones de euros por el conocido como «efecto frontera o efecto fricción»
Una hipotética declaración de independencia por parte de Euskadi tendría unas claras consecuencias económicas: el País Vasco perdería entre el 10 y el 13% de su Producto Interior Bruto (PIB). El cálculo lo ha realizado el profesor de Economía de la Universidad de Edimburgo José V. Rodríguez Mora y figura en el libro ‘La secesión de España. Bases para un debate desde el País Vasco’ que han elaborado Joseba Arregi, José María Ruiz Soroa y Luis Castells. La obra, impulsada por la Fundación Mario Onaindia, fue presentada ayer en Bilbao.
Si ese porcentaje se trasladara a las cifras concretas que maneja la economía vasca, el PIB dejaría de ingresar al menos 6.270 millones de euros. Una cifra significativa si se tiene en cuenta que el Presupuesto del Gobierno vasco para este año alcanza los 10.000 millones.
La estimación se ha realizado a partir de los «flujos comerciales» que dejarían de llevarse a cabo si hubiera una frontera que separara a Euskadi de España. Por los recelos que la secesión conllevaría entre determinados usuarios de productos vascos y por las trabas administrativas con que se encontraría la circulación de materiales y también de personas.
Rodríguez Mora es, según Ruiz Soroa, uno de «los especialistas europeos internacionales que más ha escrito sobre el llamado efecto frontera o efecto fricción». Según explicaron los autores del trabajo, este método ha tenido en cuenta «la situación actual del comercio de Euskadi, su relación con España y con otros países». El análisis ha determinado que el Producto Interior Bruto caería entre el 10% y el 13% «en el mejor de los casos» partiendo de la base de que la independencia se obtuviera a través de un proceso «amistoso y pactado».
Mínimo efecto en España
«También sufriría España, pero mucho menos, alrededor de un 1% del PIB, porque es más grande y el efecto se disemina», explicó Ruiz Soroa. Insistió en que es «la primera vez» que este tipo de trabajos «se plantea desde un punto de vista econométrico serio», analizando «las consecuencias que tendría, con toda seguridad, la secesión en el caso de Euskadi desde el punto de vista económico». Los anteriores estudios, han subrayado los autores, se han basado en datos relacionados con los «flujos o balances fiscales».
Los responsables de este libro reconocieron ayer que comparten la idea de que «siempre la unión es mejor que la separación». «La política o significa unión o, sino, significa simplemente un ejercicio bruto del poder», advirtió Joseba Arregi. En su opinión, esa unión debe sustentarse «en aquello que puede ser común entre los distintos» y citó «el derecho de la ciudadanía, los derechos fundamentales y las libertades fundamentales». «Si se pretende la unión en base a marcadores lingüísticos, étnicos o culturales, eso termina separando», insistió Arregi.
El abogado José María Ruiz Soroa también aludió al debate sobre Cataluña que ayer se llevó a cabo en el Congreso. A su juicio, la propuesta del Parlament está «viciada de origen» porque la «petición soberanista» se ha formulado «desde una postura unilateral». «Técnicamente está mal planteada porque la competencia que se reclama, convocar un referéndum, no es delegable en el sistema constitucional español y, de alguna forma, es una imposición», explicó Ruiz Soroa.
El jurista reconoció, no obstante, que lo sucedido ayer en la Cámara baja es la constatación de que se está «retrasando» un debate «que tarde o temprano se va inevitablemente a plantear en este país», en alusión a las aspiraciones nacionalistas. Explicó, en este sentido, que en la legislación española no existe «lo que aquí se llama de manera borrosa un derecho a decidir unilateral», pero que realmente sí hay «una demanda legítima, lo que el constitucional acaba de llamar aspiración legítima, que pueden ostentar los ciudadanos de parte de un país».
Ruiz Soroa advirtió que la Constitución «da margen» para abordar «una demanda de secesión dentro de los esquemas» de la propia Carta Magna. «La secesión de Euskadi o de Cataluña conllevaría, finalmente, de manera inevitable, tener que reformar la Constitución, porque ésta prevé la unidad del territorio nacional», señaló antes de explicar que en el libro se recoge la necesidad de «establecer cauces legales para tramitar y dar una respuesta razonable y democrática a la demanda de secesión».