El Gobierno de coalición llega exhausto a este 28 de diciembre de 2021, una jornada que marca el fin efectivo, no formal, de la legislatura. El Congreso aprueba en segunda y definitiva vuelta los presupuestos generales del Estado y el Consejo de Ministros dicta un real decreto-ley que recoge el acuerdo con patronal y sindicatos para retocar —en absoluto derogar— la reforma laboral del PP de 2012. Previamente, UGT y CCOO alcanzaron un escaso y temporal acuerdo con el Gobierno —sin la patronal— sobre el mecanismo de solidaridad intergeneracional para las pensiones —un aumento de la cotización del 0,6% por 10 años— que la Unión Europea ya ha considerado un mero parche. 

Los presupuestos se basan en un crecimiento del PIB (+6,5%) desautorizado por propios (INE, Banco de España) y extraños (FMI, OCDE, UE), que lo reducen en, al menos, dos puntos. Con tan volátil previsión, es difícil que estas cuentas públicas cumplan sus objetivos, más aún cuando su aprobación se ha asemejado a un parto distócico. El Gobierno se ha sometido a un saqueo identitario de sus socios nacionalistas e independentistas que han introducido en el bombo de las distintas partidas cuestiones tan heterogéneas como transferencias administrativas y blindajes lingüísticos. Estos presupuestos son un pastiche que ha dejado a Sánchez en una situación pésima: subordinado a sus aliados de ERC, Bildu y PNV, es decir, a los partidos de la España rica y endogámica.

El retoque de la reforma laboral del PP de 2012 la ha institucionalizado definitivamente como ayer aseguraba aquí con solvencia Juan Ramón Rallo. En palabras de Carlos Sánchez, el domingo en El Confidencial, este acuerdo es el “truco del almendruco” y Luis Garicano, que con Jordi Sevilla y Toni Roldán negoció esta materia para el intento frustrado de la primera investidura de Pedro Sánchez en 2016, sostenía en estas páginas el pasado viernes que “lo mejor [del acuerdo] es que no toca los elementos más positivos de la reforma” del PP. Está por ver, además, que el decreto-ley sea convalidado en el Congreso por Bildu y por ERC, e incluso por el PNV. Y si se modifica, la CEOE toma las de Villadiego. 

Aunque a Yolanda Díaz le parezca “histórico” el acuerdo, no lo es en absoluto. Porque ya hay precedentes de otros* (con Aznar en 1997 y con Zapatero en 2006) y nada tiene de tal dejar el esqueleto inalterado de la normativa que aprobó el Gobierno de Rajoy. La vicepresidenta abusa de los adjetivos: su proyecto de “frente amplio” será “maravilloso”, dijo en Valencia; su encuentro con el papa Francisco “emocionante”, dijo en Roma, y ahora la nueva normativa laboral “histórica”, dijo en Madrid. De la derogación ‘íntegra’, ni palabra. La hipérbole populista. Nadia Calviño ha ganado este envite, de momento.

No habrá nuevos presupuestos (2023) porque el coste es desmesurado para Sánchez, ni habrá tampoco desarrollo del programa legislativo porque hay proyectos que le enfrentan con Podemos y otros que le indisponen con ERC, Bildu y PNV. Entramos en un ‘tiempo basura’ marcado por el inicio del ciclo electoral en Castilla y León (13 de febrero), al que seguirán en pocos meses Andalucía (no más tarde de junio) y, a mediados de 2023, las municipales y algunas autonómicas. Tres procesos electorales antes de las generales en los que las perspectivas del PSOE no son precisamente halagüeñas porque lo pinzan, además de las expectativas del PP, las de Vox —que van en aumento—, las candidaturas que se irán constituyendo en la España vaciada y el proyecto de Yolanda Díaz, que tiene más posibilidades de armarse en la medida en que ella conserve su atalaya privilegiada de la vicepresidencia segunda. 

Hay que descartar ya un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, impensable en este tiempo de precampaña que se inicia, durante el que Pere Aragonès tiene que preparar el ecuador de su legislatura en 2023 sometiéndose a una moción de confianza que solo saldría adelante si ha logrado resultados en la mesa de diálogo con Sánchez o si ha roto con el PSOE para mayor solaz de JxCAT y CUP, siendo más probable lo segundo que lo primero. En Cataluña, está todo el pescado vendido.

Mañana Pedro Sánchez, herido políticamente por la imposición de las mascarillas en el exterior y por la fantasía de que pagaremos el recibo de la luz el día 31 de diciembre al mismo precio que en 2018 —deducida la inflación—, hará balance del curso en lo que será sin duda un mitin preelectoral. El presupuesto es un logro sublime; la reforma laboral, una pieza museística de la política, y el acuerdo —sin la patronal— sobre las pensiones, el bálsamo de Fierabrás. Se aferrará a la ultraderecha de Vox para descalificar al PP, criticará la frivolidad de Fernández Mañueco al convocar elecciones en Castilla y León y seguirá con una retahíla de promesas y compromisos. 

O sea, cortará la cinta del inicio de la carrera preelectoral hasta que, en un claro en el cielo, ahora repleto de nubarrones, descargue un golpe de efecto y convoque comicios adelantados. Por supuesto, sostendrá con el énfasis habitual que la coalición está consolidada y que culminará la legislatura. Él sabe que no es cierto, pero al presidente hay que reconocerle su extraordinaria versatilidad: negar ahora lo que afirmó ayer, y asegurar hoy lo que no cumplirá mañana. Pero esta situación ya no da más de sí. Además, Pedro Sánchez ha pagado todos los precios de la investidura y sus socios quieren volver a su ser, recordando la frase de Winston Churchill según la cual “la oposición cuida siempre de pedir lo que está segura de no obtener, porque si lo obtuviese dejaría de ser oposición”. Nacionalistas e independentistas, obtenidas las compensaciones, quieren regresar a su naturaleza: pedir más, obtener una negativa, victimizarse y montar sobre el agravio el discurso electoral.

 (*) La reforma laboral de 1997 se compuso de tres acuerdos: para la estabilidad en el empleo; sobre negociación colectiva, y sobre cobertura de vacíos tras la desaparición de las ordenanzas laborales, y fue suscrita por el Gobierno, CEOE y Cepyme y UGT y CCOO. La reforma laboral de 2006 se denominó “para la mejora y crecimiento del empleo” y se suscribió también por el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y las organizaciones sindicales. Falta a la verdad quien afirme que el acuerdo de la semana pasada es “el primero” en 40 años.