Venciendo la natural aversión que me produce la sola visión del personaje en la pequeña pantalla, el pasado miércoles por la tarde me sometí a la prueba de soportar al personaje durante su réplica a la oposición en el Congreso. La función llevaba por título «Rendición de cuentas acerca de los casos de corrupción que cercan a su Gobierno, al PSOE y a su círculo familiar», pero nadie confiaba en que el sujeto diera explicación alguna, que mostrara algún signo de contrición y mucho menos que asumiera la responsabilidad política de lo ocurrido. Como era de prever, el aludido nos deparó un espectáculo grotesco. La exhibición de cinismo propia de un chulo de discoteca dispuesto a provocar a medio país, a ahondar en la confrontación entre tirios y troyanos y a crispar al por mayor. Hora y pico en el atril, o tal me pareció, que se me hizo eterna, la mano en el bolsillo, descorbatado, el gesto a menudo crispado, a veces romo, la mirada aviesa, el cabreo contenido exudando por los poros de su soberbia herida tal que si estuviera abroncando a un cliente en la barra de una de las saunas de Sabiniano, «el novio de Ayuso» por doquier, y el silencio sobre lo que hoy avergüenza a una mayoría de españoles: lo suyo, sus escándalos, su aislamiento, la soledad del dictador de fondo. Estamos en manos de un perfecto amoral, un delincuente al frente de una banda de gangsters que ha decidido que no se va a ir del poder ni ahora ni probablemente cuando toque. Me reafirmo en lo que vengo diciendo desde hace meses: esto no puede acabar bien; esto acabará mal.

La sesión del miércoles arrojó una conclusión no por esperada menos alarmante: Pedro Sánchez ha perdido la confianza de la Cámara. La mayoría que el 1 de junio de 2018 le aupó al poder se ha convertido en minoría. La portavoz del PNV lo explicó de otra forma: «Su mayoría ya es negativa». Un total de 188 escaños (PP, Vox, Podemos, Junts, UPN, Coalición Canaria y hasta PNV) le dieron la espalda para visualizar la falta de legitimidad para gobernar de un personaje dispuesto en su atrincheramiento a conducir a España al precipicio si preciso fuera. En realidad, el Gobierno Sánchez solo cuenta con las muletas de Sumar y de EH Bildu. Comunistas ágrafos y amigos del tiro en la nuca, porque a ERC hay que inscribirle en el apartado del quinqui que apoya con el puñal en el pecho dispuesto a sacar a su víctima hasta los higadillos. Esos son todos sus apoyos. Estamos pues ante un Gobierno de extrema izquierda (lo son los diputados que en la bancada socialista aplauden a rabiar las aberraciones del capo de quien dependen sus garbanzos, y lo es aún más una militancia que se ha echado al monte de la radicalidad más absoluta). Un Gobierno de extrema izquierda que es un fraude a la mayoría social, hoy ampliamente de derechas, al programa electoral bajo el que se presentó en junio de 2023 y a la tradición de esa socialdemocracia que todavía resiste en algunos países de la UE. Un Gobierno de extrema izquierda enemigo declarado de las urnas.

Que Sánchez gobierna ya contra una mayoría del Parlamento quedó claro al día siguiente, jueves 25 de junio, una fecha, otra más, para la infamia de nuestra democracia, cuando PP, Vox y Junts lograron aprobar en el Congreso una moción instando al presidente a someterse a una cuestión de confianza y, en caso de perderla, a dimitir, resolución que el aludido acogió al final de la sesión con grandes risas mientras se abanicaba con sus propios aplausos y jaleaba a la norcoreana bancada socialista puesta en pie. Documento gráfico de la defunción de nuestra democracia. Esto ya no va de política: va de una organización criminal que se ha apoderado del Estado y que está dispuesta a retener el botín contra viento y marea. Sé que este lenguaje puede ser calificado de extremista por mucha gente y que muchos españoles honrados pueden sentirse molestos por esta descripción, pero siento decir que hemos llegado a un punto en que resulta imprescindible abandonar la moderación impostada de quien se niega a aceptar la realidad. Los españoles de bien harían bien en analizar la situación con frialdad e interpretar adecuadamente los signos de alarma que diariamente nos ofrece el sátrapa y su equipo, para tratar de encontrar el antídoto adecuado si aún hay solución, si ya no es demasiado tarde para todo.

En cualquier democracia digna de tal nombre, el Gobierno está sometido al Parlamento y cuando el Parlamento retira la confianza a su presidente y le deja en minoría lo normal es que se vaya a su casa. No es el caso de España, porque la nuestra ha dejado de ser una democracia al uso. Vivimos en un país desprovisto de mecanismos constitucionales para abordar una situación de crisis terminal como la que padecemos. España es un páramo sometido a los caprichos de un autócrata, expuesto al futuro que quiera depararnos un capo mafioso respaldado por una poderosa banda (la organización criminal que, según la UDEF, lidera Zapatero) dispuesta a seguir medrando a costa del Presupuesto. Un país sin elites de ningún tipo capaces de reconducir la situación. Nuestros poderes económico financieros siguen callados como si nada ocurriera, un hecho insólito en la Europa del siglo XXI. La señora Botín sigue teniendo en el consejo del Santander a Carlos Barrebés, un tipo más en la picota que nunca tras los wasaps publicados esta semana que apuntan a un nuevo delito para Begoña Gómez («Las otras ofertas han de bajar sí o sí»), la eterna enamorada. No hay nadie con capacidad de interceder por este desgraciado país y conducir la crisis hacia el desagüe que supondría una convocatoria electoral que diera a los españoles la posibilidad de manifestar su opinión en las urnas.

Desde este jueves, España tiene por presidente a un tipo que gobierna en contra de la voluntad expresa del Congreso de los Diputados, en contra, por tanto, de la mayoría parlamentaria después de llevar años haciéndolo en contra de la mayoría social. En una situación tan excepcional como esta, algunas voces vuelven a dirigir su súplica hacia el rey Felipe VI. Sé que es un tema delicado y no exento de riesgos, pero el jefe del Estado tiene, entre otras, dos facultades cuyo ejercicio no requiere refrendo: la de proponer candidatos a la presidencia del Gobierno y la de arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. La retirada esta semana de la confianza al presidente del Ejecutivo tanto por parte del Congreso como del Senado, ha transformado lo que era una crisis institucional en otra constitucional de enorme envergadura, porque los Gobiernos nacen y se sostienen gracias a la confianza del Parlamento, crisis constitucional que debería a inducir a la jefatura del Estado a solicitar a los presidentes de ambas Cámaras los textos de las resoluciones aprobadas por las Cortes Generales y ejercer su función de arbitraje convocando a tal fin al jefe del Gobierno. Por supuesto, haciendo pública su gestión arbitral.

No se va a ir por las buenas, por mucha y muy profunda que sea la brecha que sus escándalos de corrupción haya abierto en la sociedad española. Va a intentar estirar al límite el chicle de su impostura y llegados todos al pie del abismo con la piedra al cuello de este dictador vocacional dispuesto a llevarnos al precipicio, nadie duda de que nos sorprenderá con un gran fin de fiesta. Las alternativas están sobre la mesa: intentar una especie de golpe que le permita no convocar o aplazar elecciones con la disculpa de alguna tragedia sobrevenida; poner en práctica un pucherazo electoral a la manera aprendida de sus maestros chavistas (por ahí caminan las regularizaciones, la Ley de nietos y demás: el autócrata no se tapa, no se esconde, nos da diariamente signos ciertos de lo que pretende, pistas a montones, pero, como el ciego que no quiere ver, nos negamos a reconocer las señales porque pensamos que esto no puede estar pasándonos a nosotros, eso solo puede ocurrir en Venezuela y por ahí), y, tercera y última, que un día nos enteremos de buena mañana que el sujeto ha huido a un país sin tratado de extradición con la tela agenciada entre él y su pichona, más la del suegro propietario de las saunas. Leído esta semana: «La familia de Gómez se llevaba el 50% de los ingresos de los menores que iban a sus saunas». Porque, en caso contrario, su futuro apunta a una celda entre rejas.

Estamos viviendo lo que el intelectual francés Mathieu Laine llamaba días atrás «el otoño de la libertad», la época de los «hombres fuertes» que pretenden arreglarlo todo tras el fracaso de los «hombres moderados». Da la sensación de que los españoles han dejado de creer en los valores de la libertad («uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos») y se han echado en brazos de esa servidumbre voluntaria sobre la que teorizó De la Boétie («Es a la vez el valor más importante y del que con más facilidad tendemos a olvidarnos»). Tras casi 40 años de dictadura, la hemos sacrificado en el altar de los nuevos ídolos: el estatismo a ultranza, la igualdad por decreto («Si somos libres, no somos iguales; si somos iguales, no somos libres»), la protección de las minorías, el medio ambiente y demás ítems propios de una sociedad desnortada que ha dejado de tener niños y se ha comprado un perro. Nos lo advirtió Albert Camus: «La libertad nos da la oportunidad de ser mejores; su renuncia nos garantiza la peor de las servidumbres». Ha llegado el momento de que los españoles se movilicen y elijan.