La posibilidad cierta de que gendarmes marroquíes facilitaran el flujo migratorio hacia territorio español, una versión salida de la dirección general de la Policía que el ministro Grande-Marlaska dijo desconocer hasta ayer, obliga al gabinete de Sánchez a aclarar de una vez dos aspectos que comprometen su diligencia: por qué fracasó el control fronterizo con un país vecino de escasa fiabilidad y cuál es el alcance de una eventual implicación del régimen de Mohamed VI en lo que Sánchez definió como «violación de la integridad territorial» de España. No es tiempo de relatos interesados -hasta la fecha, el presidente ha puesto más el foco en la posible intervención de Rusia o de mafias que en el Gobierno marroquí-. Es la hora de «conocer la verdad», como pide el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que atribuye a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la organización del éxodo, ha dejado en evidencia al Gobierno español, especialmente al ministro del Interior. Pero también cuestiona el liderazgo de Sánchez en una crisis que hubiera exigido de él una mayor implicación y el encargo de una investigación rigurosa sobre cómo la frontera pudo convertirse en un coladero. Si se confirman las revelaciones, en manos de la jueza de la Audiencia Nacional que instruye la entrada masiva, el Ejecutivo estará obligado a depurar responsabilidades y a dar un paso al que se resiste: incrementar la presión diplomática sobre Marruecos. De momento, ha desbaratado el relato conciliador con el que Sánchez comparece hoy en el Congreso.