La declaración del estado de alarma circunscrito a Madrid y a otras ocho localidades de la región es un fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez. Es el resultado de su actitud prepotente y de su comportamiento incompetente. La formalización jurídica del confinamiento perimetral de Madrid adolecía de habilitación legal suficiente como podía observar hasta un lego en Derecho. Carencia que no se produjo cuando el Tribunal Superior de Justicia respaldó las medidas aplicadas en las denominadas zonas de salud, cerradas por el Gobierno autonómico. Nadie en el Ministerio de Sanidad –ni en ninguna otra instancia- reparó en esa evidente insuficiencia que desde estas páginas se advirtió el pasado día 1 en el post titulado “Bofetón judicial y desafío político al Gobierno”.

Se escribía entonces una obviedad: que era necesario para validar esas medidas de Sanidad apelar a la ley orgánica 3/1986 de 14 de abril de salud pública, añadiendo que “en rigor, cerrar la capital, con limitación de entradas y salidas, requeriría un estado de alarma parcial mediante Real Decreto del Consejo de Ministros y por un plazo de 15 días prorrogables por el pleno del Congreso”. La altanería con la que actúa este Gobierno no le permitió detectar que la orden de la consejería madrileña de Salud no apelaba a esa ley orgánica y se atenía a los términos del acuerdo –claramente escasos y hasta confundidos- del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud.

Error de principiantes. Cuesta mucho creer que los técnicos de la comunidad omitiesen involuntariamente en la orden ese fundamento legal. Es más verosímil entender que Ayuso y sus letrados dejaron coja la resolución, tal y como se la trasladó Sanidad, para que fuese tumbada en lo esencial por el TSJM. ¿Una trampa? Posiblemente. La incapacidad del Ejecutivo para conseguir con sus muchas facultades y posibilidades un pacto con el Gobierno madrileño se ha unido a la voluntad de confrontación del Gabinete autonómico que le ha soportado el pulso a la Moncloa en una competición impúdica dada la dramática realidad de una pandemia que asuela la capital y su región.

Constatado el fracaso de la operación al manejar una normativa meramente administrativa con remisión a una ley ordinaria insuficiente para limitar derechos fundamentales, y el fiasco de no haber supervisado los términos de la orden de la consejería madrileña de Salud, el Gobierno de Sánchez, enrabietado, se ha introducido en el laberinto de declarar el estado de alarma, interviniendo de facto la autonomía de Madrid (¿155 sanitario?) y asumiendo la responsabilidad de manejar la pandemia que desde junio pretendió quedase en manos del Gabinete de Díaz Ayuso y de los demás presidentes autonómicos. El artículo 4º del real decreto establece que a los efectos del estado de alarma, la “autoridad competente será el Gobierno”.

¿Pretendía la presidenta madrileña que el Gobierno declarase de oficio y sin pacto el estado de alarma? Muy posiblemente porque eludió contactar con la Moncloa antes de que se reuniera el Consejo de Ministros. El resultado: que todas las demás comunidades autónomas podrán, si bien con una interpretación demasiado extensiva de la ley orgánica 3/1986, adoptar las medidas que rigen en Madrid en tanto que en la capital y otras localidades estará vigente –solo por 15 días, salvo improbable prórroga- el estado de alarma. Lo cual es un disparate de proporciones y consecuencias inimaginables que Ayuso y el PP suponen se volverá contra Pedro Sánchez y Salvador Illa.

Sin embargo, la encuesta de este mismo viernes de Metroscopia dice, textualmente, que “la comunidad de Madrid es la que registra una caída más abrupta en la evaluación de su gestión en comparación con el resto de las comunidades autónomas: ha pasado de un nivel de aprobación del 60%-70% al comienzo de la pandemia al 10%-20% en octubre”. En la Puerta del Sol suponen que la segunda trampa de Ayuso –la provocación de la declaración del estado de alarma gubernamental- rectifique esta tendencia de reprobación hacia su gestión. Juego peligroso.

Pero no hay que confundirse en el análisis: este episodio obsceno en Madrid, esta confrontación cainita y odiosa entre el Gobierno central y el autonómico, remite a un Consejo de Ministros errático y a un presidente con fuertes dosis de narcisismo y algunos rasgos de megalomanía. Porque –sin restar ni uno solo de los reproches que merece el Gobierno madrileño- quien más puede más debe. Y el Gobierno de España en vez de sembrar de conflictos el país –con la Jefatura del Estado, con el Poder Judicial y ahora con la comunidad de Madrid- debe evitarlos con decisiones menos precipitadas, con comportamientos más sosegados, con una mayor consciencia de la problemática mayoría parlamentaria que le asiste y con superior lucidez y humildad de la que viene demostrando. El afán del Gobierno de no asumir en esta segunda ola de la pandemia el mismo control –aunque quizás con otras medidas menos drásticas- que en la primera (de marzo a junio) apelando a una vacua cogobernanza con las autonomías, necesita una explicación jurídica y política todavía pendiente. Más allá de cualquier equidistancia, se constata que el Gobierno autonómico de Madrid no ha entendido su papel –no puede alzarse como la oposición al del Estado- y que el presidido por Sánchez se ha quedado corto. El resultado está siendo desastroso.