Ignacio Camacho-ABC
- Sánchez ha consumado un triple agravio: a la Corona, a la Justicia y al sujeto soberano del poder democrático
Consumatum est. Salvo una improbable aunque no imposible anulación por la Sala de lo Contencioso del Supremo, la infamia no tiene vuelta atrás y el Estado ha rehabilitado a los que conspiraron para destruirlo pese a su falta de arrepentimiento y a la evidencia, proclamada por ellos, de que si existe una oportunidad repetirán el intento. El detalle que mejor define la esencia de estos indultos es que los beneficiarios lo reciben de permiso por una verbena; hace tiempo que disfrutan de una semilibertad anticipada que convierte en papel mojado el cumplimiento real de la sentencia. El apoyo independentista a la moción de censura que entronizó a Pedro Sánchez fue el comienzo de un intercambio de favores en régimen de compraventa, un indisimulado ‘quid pro quo’ tejido por el ahora ministro Iceta con el objetivo de modificar la Constitución por la puerta trasera.
La decisión del Consejo de Ministros -por unanimidad, dice la nota oficial, como si fuese un aviso necesario- constituye un triple agravio a la Corona, a la Justicia y a los ciudadanos. La humillación al Rey, obligado a suscribir el decreto con su firma, ofrece al separatismo la satisfacción revanchista que exigía desde que Felipe VI frenó la revuelta con una intervención decisiva; los golpistas llevaban tres años supurando por esa herida. La desautorización de los tribunales complace tanto a los sediciosos como al propio Sánchez, empeñado en supeditar la separación de poderes al dictado terminante de su voluntad unívoca e irrevocable. Pero es el sujeto de la soberanía, el pueblo español -‘we the people’-, la principal víctima del ultraje. Porque fueron sus leyes, sus bases de convivencia, su pacto de mutua tolerancia y entendimiento lo que los condenados violaron, el objetivo de la agresión perpetrada desde una inaceptable convicción de supremacismo autoritario. Y con el perdón unilateral concedido a despecho de un claro rechazo de la opinión pública, el Gobierno no sólo condona un delito contra la integridad de la nación para avanzar en una oculta agenda de ruptura sino que se arroga una potestad moral que no es suya y suplanta el criterio de la fuente única del poder democrático por el de una parte de los habitantes de Cataluña.
El conflicto al que alude el presidente no existe. Se trata de una aspiración unilateral de cierta fracción de la sociedad catalana obcecada con lograr la secesión por las buenas o por las malas. El Ejecutivo acaba de legitimar esa pretensión con una medida de gracia que justifica calificando de «venganza» el veredicto de la más alta corte judicial de España. El indulto ofrece al independentismo motivos para entender que tiene licencia para continuar su designio porque en su territorio no rige el mismo ordenamiento jurídico al que el resto de la ciudadanía española está sometido. Lo puede celebrar, como la verbena de San Juan, con fuegos de artificio.