La brasa del fuego independentista catalán vuelve a ponerse incandescente, después de la publicación en el BOE de los nueve reales decretos del Ministerio de Justicia, aprobados por el Gobierno, conmutando parcialmente las penas de prisión a los nueve presos independentistas del ‘procés’ condenados por sedición y malversación, y de su posterior puesta en libertad, y del sorprendente, parcial y lastimoso informe del diputado socialista letón Boriss Cilevics, originalmente elaborado para reprender a la Turquía de Erdogan y que ha ido mucho más allá cuestionando a la justicia española, valorando lo justo o injusto de las leyes, manifestando la necesidad de reformar los delitos de sedición y de rebelión y la retirada de la solicitud de extradición contra Carles Puigdemont, señalando qué hacer con los presos en Cataluña, expresando que malversación de fondos públicos y corrupción no son lo mismo e incluso esbozando un modelo territorial federal o confederal que solucionaría todos los problemas del país.

Este informe-resolución fue aprobado y avalado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones de una Cámara integrada por 324 diputados y senadores), el lunes 21, y hecho público rápidamente.

Varias consideraciones son necesarias respecto a esta cuestión. En primer lugar, debemos señalar que este órgano parlamentario no forma parte de la UE, aunque estuviera en su origen, y que está integrado por 47 Estados (los de la Unión y otros como Armenia, Georgia, Croacia, Rusia, Turquía, Ucrania…). Vista la consolidación del andamiaje comunitario y la existencia de otros organismos internacionales, parece no tener mucho sentido la existencia aún de entes como éste. Fundado por el Tratado de Londres de 5 de mayo de 1949 y con sede en Estrasburgo, nos preguntamos si tiene algún protagonismo en la geopolítica actual.

En segundo lugar, es importante señalar que la premisa en que se basa el informe es inexacta porque los condenados no lo fueron por ejercer su libertad de expresión, ni por manifestar ni sus ideas ni su ideología, sino por definir una legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a la ciudadanía para enfrentarse a las decisiones judiciales celebrando un referéndum ilegal. Menos mal que las observaciones de la Asamblea se inician reconociendo que España es una democracia que garantiza la libertad de expresión, porque sus consideraciones posteriores, las que señalábamos al inicio de este artículo, rayan con la pura injerencia, con el desconocimiento bochornoso del Estado de Derecho y de sus disposiciones, con el protagonismo de los cinco minutos de gloria o quizás con intereses espurios.

Que se cuestione la libertad de expresión en España, aunque tenga sus sombras como en cualquier democracia, con lo que acaece en la Turquía de Erdogan, sería risible si no fuera una ofensa contra la certeza y contra los supuestos básicos de cualquier democracia de las de verdad, que justo pasan de la veintena en el planeta. La incoherencia y confusión que emanan del informe de Cilevics minan la credibilidad del propio Consejo y la de su principal labor, la de garantizar los derechos humanos, las libertades, los derechos fundamentales y la democracia en el continente europeo.

Finalmente, respecto al «sabio letón», que con sólo una fugaz visita a Cataluña y una toma de contacto único con los independentistas en la prisión de Lledoners el pasado año, subvencionada en parte por nuestro país (más de 4.000 euros), ha conseguido empaparse de toda la problemática allí presente, tenemos que señalar la parcialidad y la falta de solidez científica de sus apreciaciones. Podía haber disimulado reuniéndose con todas las partes implicadas. O quizás debiera mirarse el ombligo y elaborar un informe para la misma Asamblea sobre la marginación que sufre la minoría rusa en su país, una tercera parte de su población, en cualquier trámite administrativo, en lo laboral, en lo educativo y en la vida en general, donde se desprecia al idioma ruso y a sus hablantes, sobre todo desde la anexión de Crimea por Rusia (2014), aunque el disimulado ‘apartheid’ se iniciase desde la independencia en 1991.

El nacionalismo letón comprime y aplasta a una población rusa que padece y resiste, a su vez, todas las leyes que desde la independencia la marginan y sojuzgan, tales como las iniciativas para cerrar las escuelas rusas, la denegación de la ciudadanía a más de 250.000 personas (más del 10% de la población total) que se niegan a aprender el letón (los ‘aliens’, ‘negros’ o ‘berenjenas’ por el color de sus pasaportes de ‘no nacionalidad’) y que forman el grupo de apátridas más grande de Europa, las multas por desconocer el idioma letón, la prohibición del uso público del ruso… Quizás algún diputado español del pomposo Consejo de Europa debiera confeccionar un informe mostrando esta situación y llevándola a la Asamblea. ¿Qué diría entonces el diputado letón? ¿Haría mutis por el foro como ha hecho en Cataluña?