No somos pocos los juristas que llevamos varios años exponiendo en los medios de prensa nuestra preocupación por algunos comportamientos de los responsables públicos españoles que están erosionando el Estado de Derecho, como son el abuso de los decretos-leyes (práctica contagiosa que se replica con fervor en las Comunidades autónomas, con independencia del color político), el deterioro del procedimiento legislativo, la continua negociación entre los partidos fuera de las instituciones, la ‘politización’ de los nombramientos de cargos institucionales que debieran ser independientes y, en fin, las modificaciones del Código Penal con el único objetivo de reducir (rebaja del delito de malversación) o eliminar (derogación del delito de sedición) las penas de quienes participaron en actos patentes de subversión constitucional.

Tras las elecciones del pasado mes de julio nuestra preocupación aumentó al ver que se tomaban decisiones inéditas en España y de muy discutible constitucionalidad. Es más, decisiones que el principal partido que las tomaba las había considerado inconstitucionales en el pasado (como permitir el uso de las lenguas autonómicas en el Congreso o iniciar un Gobierno en funciones un procedimiento legislativo europeo). Por eso, en agosto, septiembre y octubre publicamos artículos en la prensa dando nuestra opinión crítica, muy especialmente contra la posibilidad de que se acordase una ley de amnistía, que ni siquiera sería el producto de una reflexión meditada (ninguno de los partidos en el Gobierno lo incluía en su programa electoral), sino la mera y precipitada consecuencia de los pactos que el PSOE suscribió con los partidos ERC y Junts con el fin de obtener los votos que el candidato Pedro Sánchez necesitaba en el Congreso de los Diputados para ser investido como presidente del Gobierno.

A nuestro juicio, cualquier amnistía que se dicte por nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho vulnera la Constitución, pues su texto no la permite dado que es una excepción tanto al carácter general de las leyes como al principio de división de poderes que sólo la propia Constitución puede autorizar. Y menos aún permite esta amnistía que ahora se pretende, mediante la cual, como pago por un apoyo parlamentario, se deslegitima la lícita y obligada reacción de nuestro Estado de Derecho frente a los que, en su día, intentaron destruirlo. Por ello, la discusión sobre la amnistía no creemos que pueda transcurrir únicamente en relación con la democracia representativa, sino, sobre todo, con la democracia constitucional. No se trata solo de que una medida de este calibre no haya sido objeto de debate electoral, de manera que los ciudadanos que emitieron su voto pudieran haberse pronunciado sobre ella. En un Estado constitucional y democrático de Derecho el legislador no es soberano, de manera que tiene limitada su potestad, no sólo procedimentalmente, sino también materialmente, ya que en su ejercicio no puede transgredir los valores, principios y reglas que la Constitución establece (art. 9.1 CE).

Como no podía ser de otra manera, otros muchos juristas han dado su opinión sobre la constitucionalidad de la amnistía, unos en contra y otros, a favor. En la contabilidad de estos opinantes se ha dado un fenómeno curioso: no había transcurrido ni un mes de las últimas elecciones cuando un buen número de partidarios de la amnistía (fueran políticos, periodistas o juristas) decían que la mayoría de los juristas estaban expresándose a favor de su constitucionalidad y que los pocos que lo hacían manejaban argumentos muy flojos. No era esa la sensación que nosotros tres teníamos al final del verano y, mucho menos, a finales de noviembre, cuando se presentó la proposición de ley. Así las cosas nos preguntamos:

¿De verdad somos cuatro gatos los que nos oponemos sin dar argumentos de peso? Podríamos haber dicho –con don Francisco de Quevedo– que no nos importa, «mi propia verdad me basta». Pero quisimos salir de dudas y averiguar cuántos juristas compartían nuestra verdad.

El resultado ha sido un libro espectacular: más de sesenta autores de reconocido prestigio respondieron de inmediato a nuestra llamada aportando sus textos críticos con la amnistía planeada por el Gobierno. El lector podrá juzgar por sí mismo la calidad de los argumentos que en ellos se desarrollan. A nosotros nos queda la satisfacción de haber construido un libro que aborda desde múltiples puntos de vista los problemas jurídicos e institucionales de la amnistía en España. También, la pequeña alegría de comprobar que podríamos haber doblado el número de artículos. Pero tanto por no extendernos más de lo debido, como por el simbolismo constitucional del número 78, hemos preferido detenernos en él.

Quien lea el índice y conozca mínimamente a los autores firmantes observará que hay una gran diversidad ideológica entre los que consideramos que la amnistía planeada por el Gobierno falsea el Estado de Derecho en España. Por eso, este libro no está escrito contra tal o cual partido o tal o cual dirigente o tal o cual persona que haya hecho pública su opinión. Mucho menos contra la reconciliación y la concordia. Tampoco es un libro contra Cataluña, como lo prueba el número de autores catalanes que participan, dos incluso escribiendo en lengua catalana. No, este libro critica una amnistía que no tiene cabida en la Constitución de 1978, que además se ha diseñado aquí y ahora como una operación mercantil: se cambia impunidad por votos. También critica lo que parece ser una derivada de ese acuerdo, ciertamente preocupante para el Estado de Derecho: el acoso a la justicia, el intento, desde el poder político, de controlar y avasallar a los tribunales; por eso hemos dedicado un capítulo entero a analizar el ‘lawfare’, ahora tan publicitado.

Lamentablemente, a la vista de la cerrazón de quienes hasta julio pasado consideraba inconstitucional la amnistía, nos tememos que nuestro esfuerzo sea tan inútil como predicar en el desierto o majar en hierro frío. Pero lo hemos considerado nuestra obligación cívica y estamos muy contentos de ver que otros muchos juristas lo han visto igual. Gracias a todos ellos y a la editorial Colex que ha recogido con ilusión nuestra iniciativa. Todos podemos decir lo mismo que Carlos Marx cuando sintió que tenía la obligación de criticar errores de la izquierda alemana: «Dixi et salvavi animam meam».