Ignacio Camacho-ABC
- La ley de Vivienda es otro señuelo propagandístico, un reclamo que sólo logrará aumentar la inseguridad de los propietarios
Si la ley de Vivienda sólo afectará a un máximo de 150.000 viviendas sobre un parque de casi cuatro millones. Si la rebaja de los precios del alquiler depende de un índice de referencia que tardará un año y medio a partir de la entrada en vigor de la ley, prevista para finales de 2022 como pronto. Si para esas fechas habrá concluido la legislatura y es posible, incluso probable, que haya un Gobierno de distinto signo político e ideológico. Si su puesta en marcha corresponde a las comunidades regionales, la mitad de las cuales ya han anunciado que no piensan aplicarla. Si choca con las competencias autonómicas y por tanto puede ser anulada por el Tribunal Constitucional. Si cuenta
con un demoledor informe en contra del Consejo del Poder Judicial. Si carece, en suma, de herramientas para cumplir sus objetivos, al margen de que estén bien o mal orientados, y no soluciona siquiera el problema que se supone que la motiva… ¿para qué carajo va a servir esta ley?
El pensamiento lógico concluye que para nada. El pensamiento político, que no responde a la lógica racional, conduce a otras respuestas. La primera, para mantener la coalición de poder. Es decir, para satisfacer el capricho de Podemos y permitirle blasonar de haber cumplido una de sus principales promesas al menos hasta que los presuntos beneficiarios de la norma se den cuenta de que es una estafa. La segunda, la más importante desde el prisma sanchista, para hacer propaganda. Es un McGuffin, un señuelo, una excusa argumental que se agota en sí misma, en su propia promulgación a sabiendas de su dudosa validez legal y de su escasa efectividad positiva. Sirve para decir que este Ejecutivo legisla (‘contradictio in terminis’) en favor de las clases desfavorecidas y demás eslóganes propios de la retórica populista. Y el propio Gabinete, o su facción menos irresponsable, se ocupa de desactivarla por dentro para limitar sus estragos en el mercado inmobiliario. Algo así como comprarle a un niño un juguete averiado.
Y la tercera respuesta, que no tiene que ver con el fin perseguido pero sí con las consecuencias, es que sirve para deteriorar aún más la seguridad jurídica. Por limitado que resulte su alcance, el ruido de las consignas políticas introduce en el mercado, siempre espantadizo, un factor más de desconfianza cuyo resultado será con alta probabilidad el de la retracción de los propietarios. Entre la impunidad de los okupas y la intervención de los precios, poner en arrendamiento una vivienda en España se ha convertido en un ejercicio de riesgo, el tipo de operaciones del que huyen tanto los grandes inversores como los pequeños, esas clases medias en busca de un refugio para los ahorros reunidos a base de esfuerzo. Pero ésta no es una iniciativa económica ni social, sino un simple y desafinado reclamo demagógico para captar (pocos) votos… a costa del dinero de otros.