El Correo-JOSU DE MIGUEL BÁRCENA
Los partidos vascos tendrán que acordar en el Parlamento un texto razonable que pueda gestionarse en las Cortes sin provocar un descarrilamiento como el catalán
El nuevo Estatuto vasco sigue dando pequeños, pero importantes pasos.Dado que la ponencia de autogobierno del Parlamento tenía grandes diferencias en cuanto a su contenido, se formalizaron unas bases genéricas para que una serie de expertos propuestos por los partidos consiguieran desde una perspectiva técnica aproximar posiciones. La idea puede considerarse un relativo fracaso en tanto en cuanto ayer se presentaron tres textos distintos a la Cámara: uno común –aunque plagado de no pocos desacuerdos– de PNV, PSE y Elkarrekin, y dos más de Bildu y PP que se pueden considerar, con matices, como otros tantos proyectos de Estatuto por lo que incorporan u objetan. El próximo día 11 la ponencia tendrá que decidir qué hacer con el material aportado.
Me van a permitir que haga una serie de consideraciones sobre el trabajo presentado por PNV, PSE y Elkarrekin sin que deba descartarse que en las siguientes fases de la tramitación las aportaciones de Bildu y PP sean tenidas en cuenta de alguna manera. Lo primero que hay que señalar es que estamos ante un nuevo estatuto, no una reforma, aunque formalmente sea utilizado el mecanismo establecido para tal fin por la norma institucional básica en vigor. No debe entenderse esta afirmación como una crítica, sino como una constatación: estamos ante la misma operación que realizaron a partir de 2004 autonomías como Cataluña, Valencia o Andalucía, entre otras. Se asume, por lo tanto, el mismo frame político que hace 15 años: dado que la Constitución no se reforma, admitamos que el Estado autonómico puede transformarse a partir de la iniciativa de las partes y no del todo.
Y aquí cabe achacar a España y a las fuerzas políticas nacionales una miopía e irresponsabilidad de grandes dimensiones. El año 2000 debió de iniciarse una reforma constitucional para estabilizar el Estado autonómico de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las modificaciones estatutarias que se habían ido realizando hasta la fecha. De haberse llevado a cabo una clarificación del reparto de poder, por ejemplo, la propuesta enviada ayer a Gasteiz no incluiría conceptos tan oscuros como el de ‘políticas públicas’, novedosa aportación que supone la superación del clásico –e irrenunciable– principio de competencia y la apuesta por el confederalismo como elemento rector de la futura relación de Euskadi con la Administración del Estado.
En tal sentido, el PNV propone trasladar sin ambages la filosofía del Concierto Económico a lo que empieza a conocerse como concierto político con el Estado. Ello puede comprobarse en la noción de la salvaguarda de las materias forales, que tal y como parecen apuntar Arantxa Elizondo y Alberto López Basaguren en sus votos particulares, trata de proteger globalmente la potestad normativa de la comunidad autónoma –o como finalmente se organice Euskadi– amparando de tapadillo todo el arco competencial autonómico en la legitimación que ofrecen los derechos históricos de la disposición adicional `rimera de la Constitución. El mecanismo, que está por ver si prosperará, se cerraría con la propuesta de Mikel Legarda de establecer una Junta Arbitral paritaria con el Estado para eludir la potestad última del Tribunal Constitucional en la interpretación de la Constitución y el Estatuto. En esta cuestión, los jeltzales siguen el camino ya trazado por el Plan Ibarretxe.
Naturalmente, en tiempos soberanistas como los que vivimos, no podía faltar la profunda discrepancia en torno a lo que se ha venido denominando, desde hace dos décadas, derecho a decidir. Aquí tanto PSE como PP estarán en franca minoría con respecto a PNV, Elkarrekin y Bildu, favorables a través de distintas fórmulas a que el Estatuto reconozca a la ciudadanía la capacidad de expresar su voluntad libre y democrática. A diferencia de Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos proponen salvar la patente inconstitucionalidad introduciendo la cláusula del pacto con el Estado, lo que permitiría una interpretación ambigua que dejaría en el limbo de la reforma de la Constitución (artículo 168), la posibilidad de que una comunidad autónoma pueda ejercer la secesión con más o menos garantías, que es realmente de lo que se habla bajo los eufemismos de siempre.
Estamos, en definitiva, ante un nuevo Estatuto que recoge el zeitgeist del derecho público posmoderno. Este derecho aboca a fragmentación, diversidad e ingeniería política para gestionar la complejidad social. Ello se refleja en un una redacción mejorable (de laboratorio, la calificaría) y en una carta de derechos que recoge un sinfín de facultades para los ciudadanos y de obligaciones para los poderes públicos, de acuerdo a la lógica del constitucionalismo de supermercado que anunció Forsthoff hace bastantes décadas.
Más allá de este posible consenso, las fuerzas políticas vascas tendrán que acordar en el Parlamento un Estatuto razonable desde el punto de vista de su adecuación a la Constitución, que pueda gestionarse después en las Cortes Generales sin provocar un descarrilamiento como el catalán.