El Tribunal Constitucional fue el sábado la encarnación jurídica del pelotón spengleriano llamado a salvar esta forma de civilización que hemos convenido en llamar democracia española. No era fácil. Durante la larga tarde del sábado todo hacía prever que el Tribunal iba a rechazar el recurso planteado por el Gobierno. La mayor parte de los medios daban cuenta de la propensión al rechazo del recurso por el magistrado ponente, Xiol Ríos, y se amparaban en la decisión del Consejo de Ministros de recurrir el pleno de investidura de Puigdemont a contrapelo del dictamen del Consejo de Estado, condenada por editoriales, columnas y tribunas, con algunas excepciones, las más notables los tres editoriales que publicó El País entre el viernes y ayer y la excelente tribuna que el sábado firmó en EL MUNDO Jorge de Esteban.
También estuvo muy bien la toma de posición de Rosa Díez en unos tiempos tan poco favorables para las políticas de Estado, dando las gracias al Gobierno, cualquiera que fuese la resolución del TC, por emplear todos los instrumentos para evitar el desafuero de investir a un prófugo de la Justicia. Compárese con la actitud de Rivera, tan dispuesto a apoyar la presentación del recurso como a pedir explicaciones «si se equivoca el Gobierno», en el caso de que el TC inadmitiera el recurso.
Qué es eso que el Gobierno se equivoque. Ningún Ejecutivo está obligado a acertar con la decisión que ningún Tribunal Constitucional vaya a tomar ante un recurso propio o ante uno de la oposición contra una iniciativa legal suya. En eso consiste precisamente la separación de poderes. Baste comparar el estado del arte hoy a lo que sería si el Gobierno hubiese desistido por el dictamen del Consejo de Estado.
Los mismos que afeaban a Rajoy su cachaza en tantas ocasiones, a veces con razón, le afean la imprudencia cuando trata de adelantarse a los acontecimientos (no corras tanto, mamón). Da la impresión de que una parte de la opinión pública española y de la publicada tiene más animadversión a Rajoy que hacia el golpista Puigdemont.
Es deber de todo Gobierno evitar la consumación de un delito anunciado; el nuestro lo ha hecho y le ha salido bien. Imaginen que un violador anuncia que el fin de semana próximo piensa violar a una muchacha y da detalles. ¿No se han de tomar medidas preventivas? ¿No son preventivas las medidas de alejamiento que dictan los jueces contra los maltratadores?
El violador del estilete es el quinto agresor sexual detenido por reincidente después de que el Tribunal de Estrasburgo lo pusiera en libertad gracias a la brillante iniciativa del magistrado español Luis López Guerra. La Justicia esperó a que consumara para detenerlo, como en los cuatro casos anteriores. Aún quedan nueve violadores de López Guerra en libertad, por si se puede estrechar la vigilancia.
El 3 de octubre de 1982 fueron detenidos tres coroneles, los hermanos Crespo Cuspinera y Luis Muñoz, que tenían preparado un golpe de Estado para el 27, víspera de las elecciones en las que arrasó Felipe. Ellos ni siquiera lo habían pregonado, como los catalanes. ¿Fueron detenciones preventivas? El sábado muchos nos sentimos más tranquilos porque dos instituciones básicas de nuestra democracia, el Gobierno y el TC, supieron estar a la altura de sus responsabilidades.