En el marco de la precampaña electoral para el 12-M, el PSOE está buscando un difícil equilibrio entre la política de cesiones que viene practicando con Junts y ERC y una apariencia de firmeza contra la vía unilateral en la que sus socios siguen instalados.
Así se entiende la decisión que aprobará hoy el Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional la admisión a trámite por el Parlament del Cataluña del nuevo desafío independentista. Con los votos favorables de Junts y la abstención de ERC, la Mesa de la cámara autonómica avaló una Iniciativa Legislativa Popular que pide al Parlament que declare la independencia de la región.
Es cierto que el PSC, además de votar en contra de la admisión, ya presentó la semana pasada un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra ella.
El Gobierno, sin embargo, no lo ha hecho hasta pasado más de un mes desde que el 20 de febrero el Parlament diera comienzo a la tramitación de la iniciativa.
El momento de elevar el recurso tampoco parece casual: en mitad de la Semana Santa, con el propósito de minimizar el impacto que pueda tener un movimiento que a buen seguro soliviantará a sus socios.
Resulta muy elocuente que Moncloa sólo se haya decidido a llevar el nuevo órdago independentista al TC una vez aprobada la Ley de Amnistía. Y después de la humillante rueda de prensa de Carles Puigdemont para anunciar su candidatura a la Generalitat, en la que volvió a echar por tierra el argumentario socialista de la reconciliación.
La presentación del recurso puede entenderse como el primer acto de campaña del PSOE para las elecciones catalanas del próximo mayo. Si Sánchez quiere hacer creíble el programa de su candidato Salvador Illa de «pasar página» y dar carpetazo al procés, necesita mostrar su oposición a la reactivación de la vía unilateral que implicaría que esta ILP saliera adelante.
Este gesto es también una forma de dar imagen de contundencia y marcar la línea roja de la constitucionalidad para contrarrestar a ERC, cuya secretaria general se jactó este domingo de que su partido ya negocia con el PSOE un referéndum de independencia.
Pero este recurso con la boca pequeña tiene poco recorrido si, al mismo tiempo, los socialistas se abren a negociar una independencia fiscal mediante un cupo catalán que, como ha alertado la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, «no tiene amparo constitucional», en tanto que crearía una situación privilegiada que rompería con el principio de solidaridad interterritorial. Según el informe que recoge hoy EL ESPAÑOL, esta «financiación singular» fraccionaría la caja única y entorpecería la lucha antifraude.
Pero, sobre todo, el recurso tiene un alcance limitado cuando Sánchez ya ha accedido al borrado de los delitos de los independentistas con una ley que, según ha recordado este lunes el presidente en funciones del CGPJ, tiene una naturaleza «anómala», «ílicita» y transaccional.
Y que, al rehabilitar jurídica y políticamente a los líderes separatistas, tiene como principal efecto, precisamente, allanar el camino hacia un nuevo intento de secesión vía referéndum.
Que el Parlament pueda llegar a votar de nuevo sobre la «soberanía única» del pueblo catalán, ante la «fantasía irrealizable» de «cualquier tentativa federal, de recuperación estatutaria o de concierto económico», es la mejor prueba de que la legitimación del proyecto rupturista que implica la amnistía alienta las aspiraciones del ho tornarem a fer.
El Gobierno quiere ahora impedir que el procés vuelva a la casilla de salida de 2017, avalando iniciativas que, como ha aclarado el informe desfavorable de los letrados del Parlament, son inconstitucionales, pues exceden las competencias sobre las que pueden legislar la cámara autonómica y la Generalitat.
Es decir, Sánchez pretende evitar el corolario que se deduce de su propia y contraproducente agenda de «reencuentro».