El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido recurrir al Tribunal Supremo un Real Decreto del 19 de octubre de 2021 que «regula la concesión directa de subvenciones» para el ejercicio presupuestario de ese mismo año a las comunidades autónomas de Navarra, Euskadi, Comunidad Valenciana y Extremadura. Subvenciones que se acogerían al componente 23 del Plan de Recuperación, dirigidos a proyectos para «Colectivos especialmente vulnerables» y «Emprendimiento y microempresas». El monto total sería de un máximo de 9 millones de euros, aunque solo asegura tres millones para Navarra y un millón para las otras tres comunidades. A pesar de lo cual es sorprendente que se limite a cuatro autonomías cuyos gobiernos se sitúan en la órbita de la mayoría parlamentaria de Sánchez. Cuando el enunciado del Real Decreto, empezando por su preámbulo, sería perfectamente aplicable a todas las comunidades. Entre otras razones porque Next Generation invita a que países, regiones y hasta localidades presenten proyectos tan similares en su propósito que la recuperación corre el riesgo de duplicar y triplicar esfuerzos para obtener menos resultados que los pretendidos.

La Comunidad de Madrid y las otras doce pueden alegar con toda razón que están en condiciones de aspirar a esas mismas subvenciones. Lo que no parece tan claro es que la causa de su disgusto alcance jurídicamente para recurrir al Tribunal Supremo. Ayer Pablo Casado hizo suyo el recurso de Díaz Ayuso de manera temeraria, asegurando que autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP irán a los tribunales «para defender a sus vecinos del reparto a dedo de los fondos europeos». La decisión que adopte el Supremo ante el recurso madrileño puede ser determinante para que las ayudas de la UE acaben o no judicializándose, a poco que alguna institución o empresa se sienta agraviada. Lo más probable, lo más deseable, es que el Supremo resuelva no darse por enterado. En cualquier caso ninguna comunidad autónoma podrá beneficiarse de litigar política o judicialmente con otras impugnando ayudas a la espera de que el espectáculo conmueva al resto de Europa. También porque muy pocos proyectos de entidad radicados en una comunidad podrán desarrollarse sin el concurso de empresas y profesionales de otras autonomías.

El lehendakari Urkullu señaló ayer que Euskadi permanece, en cuanto al acceso a los fondos europeos, por debajo de lo que le correspondería por población o aportación al PIB. Un 3,5% respecto al 6,24% consagrado para el Cupo. La distribución territorial de los fondos europeos estará sujeta durante años a un balance final que, más allá de 2027, deberá tener en cuenta sobre todo la eficiencia en su utilización. Mientras tanto, mejor que Euskadi se emplee en un tono bajo a la hora de vindicar aquello que no siempre es nuestro.