Todos los periodistas son titulares de un derecho a buscar, recoger, indagar e investigar información, con el propósito de difundirla. Y todos los ciudadanos son titulares de un derecho a recibir información veraz, objetiva y apegada a los hechos y acontecimientos que les rodean. Ese debe ser el reto de los medios vascos ante la sociedad. No otro.
El poeta Galway Kinell escribía hace tiempo sobre una noche que conducía a 50 km/h por encima del límite de velocidad para intentar llegar a casa antes de que sus hijos se acostaran. Decía que, debido a su justo propósito, no era posible que le arrestasen porque «esa velocidad estaba bendecida». Hoy, un periodista podría pensar lo mismo: «puedo escribir lo que sea porque mi función en la sociedad, es la de satisfacer la necesidad de información del ciudadano». Esta acusación es también la que están transmitiendo algunos políticos hacia los medios tras las revelaciones una vez levantado el secreto de sumario en el presunto caso de espionaje político en Álava. A los datos han seguido las reacciones. Las primeras, las de los afectados por el espionaje y a su vez la del resto de dirigentes políticos
Hay nerviosismo. A nadie se le escapa. Sobre todo si tenemos en cuenta que quedan cuatro meses para las elecciones municipales y forales, donde unos porque gobiernan en Ajuria Enea y otros porque aspiran a mantener sus puestos en ayuntamientos y diputaciones, no quieren que nada ni nadie enturbie la campaña. Y lo más importante, que nadie teja una sombra de un posible caso de corrupción o mala gestión de los medios públicos sobre algún partido, principalmente sobre el PNV.
En el seno de los jeltzales preocupa y mucho después de tener experiencias como las presuntas irregularidades en la construcción del futuro Museo Balenciaga en Getaria o el llamado caso Jáuregui hace algo más de tres años en Guipúzcoa y por el que el entonces candidato a diputado general, y hombre de confianza del presidente del GBB, Joseba Egibar, tuvo que renunciar doce días después de descubrirse que había cometido «inexactitudes fiscales con su patrimonio». Lo hizo, aseguró, «para sacar del debate la polémica por los hechos». Lo que algunos piden ahora. Un debate que entonces se saldó con unos comicios forales en los que el PNV pasó a ser la segunda fuerza en las Juntas Generales de Guipúzcoa y perdió 51.000 votos respecto a los anteriores de 2003.
Con este escenario de fondo, el reto no es tanto de las formaciones y de la comisión que se ha creado, sino también y mucho más importante de los medios de comunicación. Le pese a quien le pese, el reto a partir de ahora y después de que muchos hayan pedido que se controlen las «filtraciones interesadas», está en la prensa. Lo decía Walter Williams, el periodista es un «observador de la realidad»; al periodista se le pide saber comprender lo que está ocurriendo a su alrededor y transmitirlo de forma clara, precisa y contextualizada. No es suficiente con que difunda datos: los ciudadanos les están pidiendo su significado. Y en el presunto caso de espionaje político en Álava, el derecho a la información es saber también cómo nos están gobernando y cómo nos gobernaron. Sea quien sea. Lleve las siglas que lleve.
Es verdad que resulta muy sencillo, debido a la trayectoria de alguno de los presuntamente implicados, establecer juicios paralelos con absoluto desprecio a la presunción de inocencia. Pero para eso está la responsabilidad del profesional de la comunicación. Adolfo Bioy Casares, en La invención de Sorel, hacía, sin pretenderlo, una apología de la presunción de inocencia y una inteligente disección de las dificultades que asaltan su realización. El mundo -dice- «con el perfeccionamiento de las policías, del periodismo, de la radiotelefonía, de las aduanas, hace irreparable cualquier error de la justicia, es un infierno para los perseguidos».
En mi opinión, y en el caso que nos ocupa, la combinación de las informaciones publicadas con el derecho a la presunción de inocencia (recogido en el art. 24.2 de la Constitución), en su vertiente periodística, debe proteger tres valores. Primero, la dignidad personal de todo protagonista de la información. Dignidad que está unida inseparablemente al ius libertatis, en su dimensión social. ¿Qué tipo de sociedad aparecería si se partiera de la base de que toda persona es culpable mientras no se demuestre lo contrario? Segundo, proteger el honor personal y familiar entendido como crédito moral, inherente a la naturaleza humana, que hace posible la sociabilidad del hombre. Y tercero, la presunción de inocencia mediática debe preservar también la autoridad necesaria para poder administrar justicia con serenidad.
En las informaciones que se están cuestionando por parte de algunos dirigentes políticos, preguntarse por la responsabilidad del periodista equivale a preguntarse por la justificación de su actividad en la vida social. El entendimiento de que sus actividades profesionales se justifican socialmente porque satisfacen una necesidad de información del ciudadano. De cuestiones que en muchos casos, igual ni saldrían a la luz, si no fuese por la mediación principalmente de periódicos como EL PAÍS. En todas las resoluciones del Tribunal Europeo al respecto la argumentación para dirimir si se había respetado o no el artículo 10 del Convenio de los Derechos Humanos («Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión») se ha construido sobre la noción del interés público informativo tanto en el fondo como en la forma. ¿Tiene interés informativo para el ciudadano un presunto caso de espionaje en Álava en el que presuntamente están involucrados miembros de un partido político?
En este punto, ciudadanía, instituciones y medios de comunicación deberíamos tener presentes algunas ideas. Por una parte, la importancia en el día a día, del derecho de acceso a la información como un mecanismo que contribuye a la participación y coadyuva a la construcción de un Estado transparente. Informar con responsabilidad a través de un medio y ser informado de una trama de espionaje en una institución pública constituye hoy un derecho fundamental de toda persona.
Todos los periodistas son titulares de un derecho a buscar, recoger, indagar e investigar información, con el propósito de difundirla. Y todos los ciudadanos son titulares de un derecho a recibir información veraz, objetiva y apegada a los hechos y acontecimientos que les rodean. Ese debe ser el reto de los medios vascos ante la sociedad. No otro. Como sostiene Stéphane Hessel en su reciente libro Indignez vous!: «es cierto que las razones de indignarse en el complejo mundo de hoy pueden parecer menos claras que en los tiempos del nazismo. Pero buscad y las encontrareis». Más si cabe, cuando las últimas encuestas del CIS reflejan un cambio de prioridades en las preocupaciones del ciudadano, relegando a un segundo plano el terrorismo por detrás de la corrupción. O lo que es lo mismo: que el votante no se pueda quitar de la cabeza la percepción de que a la política se llega con los bolsillos medio vacíos y se sale con cuentas millonarias.
Andoni Orrantia, EL PAÍS, 24/1/2011