El escándalo del deterioro ferroviario es la metáfora cotidiana del colapso funcional de un Estado incapaz no ya de resolver los problemas reales de los ciudadanos sino de presentar al Parlamento un simple proyecto presupuestario. España ha vuelto a ser el viejo país ineficiente cuyo fracaso lamentaba Gil de Biedma en vida de Franco. Sólo en infraestructuras hay un déficit de inversión de 50.000 millones, y de vivienda, sanidad, educación o energía mejor ni hablamos. La mala noticia es que el retraso acumulado es de tal magnitud que tardará en solucionarse muchos años, y ello en el optimista supuesto de que los futuros gobiernos –en plural porque hará falta más de un mandato– pongan todo su empeño y diligencia en remediarlo. Será necesario un plan de modernización a largo plazo que difícilmente volverá Europa a financiar a cargo de fondos comunitarios como los que permitieron construir la joya tecnológica que la ineptitud, la corrupción y el desentendimiento del sanchismo han malversado.

La legislación más arbitraria de la coalición social-separatista podrá derogarse o modificarse con relativamente poco esfuerzo. Sin embargo, actualizar las redes de servicio público hasta alcanzar los estándares básicos del desarrollo contemporáneo es una tarea de calibre gigantesco en términos de voluntad política, capacidad de gestión y disponibilidad de dinero. El impulso reformista de las etapas de González y Aznar ha caducado y su renovación representa un desafío sistémico que exigirá, además de tiempo, agilidad administrativa, constancia y talento. Estamos muy lejos de eso; en una escena institucional desprovista de consensos y donde el horizonte más estable apenas alcanza un cuatrienio, la clase dirigente al completo –incluida la de la sociedad civil– carece de pensamiento estratégico. Sánchez no lo necesita porque es un aventurero que vive de atizar el enfrentamiento. Pero quien aspire a sucederlo tiene que convencer a la nación de que este paisaje devastado tiene arreglo.