Conviene detenerse aquí, porque llevamos año y medio escuchando que la instrucción de Peinado era un delirio amasado por un juez con agenda. Pues bien: ese delirio ha sido avalado en su núcleo por un tribunal colegiado que considera verosímil que se ejerciera «una presión moral suficiente» sobre la autoridad académica de la Complutense para obtener no solo la creación de la cátedra, sino el nombramiento de su directora, financiando con dinero público una herramienta de titularidad privada. Indicios, no condena: para eso está el juicio. Pero indicios que cinco togas han juzgado suficientes para sentar en el banquillo a la esposa del presidente.

Y aquí llega lo verdaderamente revelador. La Audiencia ha ratificado también que quien la juzgue sea un jurado popular: nueve ciudadanos madrileños escogidos por sorteo. Y esto ha indignado al socialismo todavía más: Madrid vota mayoritariamente a la derecha y un tribunal de juristas ofrecería más garantías, dicen, que un puñado de legos hiperpolitizados. En abstracto, el argumento es defendible: hay causas complejas donde uno prefiere que lo juzguen quienes dominan los fundamentos de derecho. Lo que no lo es tanto es sostenerlo desde quien lleva años proclamando que la judicatura está tomada por magistrados confabulados en una operación de ‘lawfare’: de ahí, según ellos, que acaben de condenar sin pruebas (y también por unanimidad) al hermano del presidente.

Porque si uno se cree de verdad su propia conspiración, el jurado popular no es su desgracia, sino su mejor noticia. Y no por vaguedades sobre la sabiduría del pueblo, sino por pura aritmética: el veredicto de culpabilidad exige siete votos sobre nueve, mientras que para absolver bastan cinco. Concedamos su supuesto más siniestro (que el 60 por ciento de los madrileños sea de derechas y que cada uno de los nueve vote su sesgo antes que las pruebas): aun así, la probabilidad de reunir los siete votos necesarios para condenar apenas roza el 23 por ciento. Tres de cada cuatro veces saldría absuelta. Compárese con tres magistrados que, según su relato, son al cien por cien ejecutores del ‘lawfare’ y a los que basta la mayoría simple.

Que prefieran a esos jueces revela que, en el fondo, no se creen su conspiranoia: siguen confiando en el procedimiento penal. Pero necesitan el aspaviento continuo para desviar la atención de la sustancia: las crecientes condenas por corrupción en el entorno del PSOE.