EL CORREO 17/04/13
TONIA ETXARRI
Horas antes de que el dirigente de Sortu Iker Rodrigo fuera puesto en libertad, aunque el juez lo mantiene imputado por un delito de enaltecimiento del terrorismo, el fiscal general del Estado dejaba abierta la posibilidad de «instar a la ilegalización de algún partido político». Las declaraciones de Torres Dulce, tan contundentes en forma, no han sido tomadas , sin embargo, como tal en el amplio espectro político del Congreso porque la mayoría ha visto, en esa toma de posición de la Fiscalía , una advertencia a una izquierda abertzale que, en los últimos meses, está presentando síntomas de involución ciertamente preocupantes. Un toque de atención de corto recorrido.
De hecho, su referencia a la investigación de algunos comportamientos de Sortu («estamos recabando todos los datos») provocó una primera reacción en los colectivos de víctimas del terrorismo que se preguntaban si, a estas alturas, no había recabado todavía datos suficientes de indicios de delito. Otra cosa es en Euskadi, en donde el Gobierno vasco forzó ayer la puesta en escena , a través de su portavoz Josu Erkoreka , para decir que considera «un salto atrás» el mero hecho de que la Fiscalía estudie una posible ilegalización de algún partido que siga justificando la trayectoria del terrorismo. Una actitud que agradecen los herederos de Batasuna que consideran que fijarse en esos «pequeños detalles «resulta más antiguo que el aurresku . Que ellos se sienten tan modernos, y sobre todo tan impunes, que creen que proclamar «vivas a ETA» no tiene por qué ser delito. Así estamos.
Por eso, la toma de posición del fiscal general viene a ser una advertencia a la izquierda abertzale para que sepa que, si sigue haciendo méritos para que la justicia actúe contra ellos, el Estado podría adoptar medidas que finiquitaran la situación de privilegio de la que disfrutan ahora, al utilizar la legalidad para seguir justificando la trayectoria de ETA. Que no condenen la historia de la banda, por muchos emplazamientos que, desde el resto de partidos políticos, se les haga a EH Bildu y Amaiur, denota su lejanía de la democracia. Pero que, a día de hoy, sigan existiendo actos de enaltecimiento del terrorismo, aparte de llevarse el Guiness de los «anticuarios», sigue siendo considerado delito por nuestro código penal, por mucho que ETA haya dejado de matar.
El PNV quiere situarse en medio. Un dardo al gobierno del PP y otro a Sortu para que no adopte «modos de reaccionar definitivamente superados». Ni para ti ni para mí. Una actitud que favorece a la izquierda abertzale, que necesita reforzar la línea con más compañeros de viaje que quieran presionar al Gobierno a realizar algún tipo de gesto en política penitenciaria. Por eso se presenta como víctima de una situación de la que, por cierto, sólo ella es responsable. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, escuchará a los partidos democráticos que le quieran insistir con el mantra de «los gestos». Con el mismo interés que demostró en la entrevista mantenida con el lehendakari Urkullu. Pero todo el mundo sabe que este presidente de Gobierno no se siente concernido por compromisos que él personalmente no adoptó.