El Congreso de los Diputados aprobó ayer jueves, con mayoría parlamentaria y un apoyo popular mínimo, la ley políticamente más divisiva y conflictiva de Pedro Sánchez desde su llegada al poder. La amnistía a medida de las exigencias del prófugo Carles Puigdemont y de los intereses particulares del presidente pasará al Senado tras meses de cesiones constantes y significativas en los que el líder del golpe de 2017 ha tratado de reunir todas las garantías de impunidad. Incluso ante las acusaciones de terrorismo y alta traición, y a costa de la igualdad de los españoles ante la ley.
Desde el día siguiente de las elecciones de julio, y a la vista de que necesitaba el voto de los siete diputados de Junts para continuar en la Moncloa, Sánchez ha defendido la idoneidad de la amnistía para abrir «un nuevo tiempo de convivencia en Cataluña». En realidad, el propósito de esta ley era garantizar la estabilidad de legislatura para un PSOE parlamentariamente muy débil y cada vez más dependiente de actores tan diversos como problemáticos. Finalmente no tendrá ni una cosa ni la otra.
Es cierto que tanto Junts como ERC han sido cristalinos en sus propósitos desde el primer momento. Nunca confesaron remordimientos. Nunca mostraron el menor decoro hacia los símbolos y las instituciones nacionales, por más entregas conciliadoras que recibieran desde Moncloa. Nunca ocultaron su objetivo final, la independencia de Cataluña, y en el caso de Junts ni siquiera renunciaron a la vía unilateral. Por eso las dos formaciones celebraron con entusiasmo y con una fotografía cargada de simbolismo, en la que se ve a las dos portavoces abrazadas a las puertas del Congreso, una amnistía que ven como paso previo a su propósito existencial.
Oriol Junqueras fue muy directo: «No estamos aquí para garantizar la estabilidad de nadie». Míriam Nogueras alumbró los próximos pasos del partido de Puigdemont: «No es un punto final, el objetivo sigue siendo la independencia». Las conclusiones se sacan sin dificultades. Ayer nació una amnistía repudiable que sólo garantiza la inestabilidad, pues ¿de qué ha valido al presidente pasar por un peaje tan caro no sólo para sus intereses, sino para las estructuras de la democracia española?
Ayer se volvió a constatar que la amnistía llega a cambio de nada. No amaina a los independentistas. No certifica la mitad de legislatura. Y no sirve siquiera para aprobar los Presupuestos Generales de 2024, y están por ver los de 2025. La simple convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, en menos de dos meses, ha desbaratado la hoja de ruta de Sánchez y su principal herramienta de gobierno, que son los Presupuestos.
Porque el presidente da por hecho que cualquier apoyo de ERC y Junts queda desde anteayer supeditado a los resultados de mayo, lo que envía un mensaje devastador. Que al presidente le venga mal negociar en estos momentos con los nacionalistas no debe eximirle de su obligación de acordar cada año las cuentas que definen la política y las necesidades económicas de todo el Estado. Es otra anomalía democrática a la que los españoles no pueden resignarse.
Ahora el PSOE entiende, o al menos traslada, que la convocatoria anticipada a las urnas en Cataluña les favorece, ya que dará tiempo para negociar los presupuestos del año siguiente y para quitarse la presión del referéndum. Pero este diario hace una lectura muy distinta. Los últimos movimientos sólo acelerarán los tiempos. Sólo harán que escalen las presiones. Y sólo añaden un ingrediente de inestabilidad más a una legislatura inmanejable.