JAVIER ZARZALEJOS, EL CORREO 09/12/13
· La democracia española ha extendido su capacidad de integración especialmente a los que la niegan.
El 35º aniversario de la Constitución casi ha coincidido con la muerte del general Alfonso Armada, condenado por la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Una coincidencia útil para ganar perspectiva a la hora de mirar hacia atrás en esta celebración que la Constitución merece. El plan golpista no fue la única amenaza que tuvo que superar el marco de convivencia que se dieron los españoles en 1978. También en estos días están siendo excarcelados una generación de terroristas que buscaron impedir de una manera brutal y obsesiva que en España se consolidara un régimen de libertades salido de la voluntad de reconciliación nacional que alentó la Transición democrática.
En nombre de la Constitución fueron derrotados los propósitos inciviles de los que, con uniforme o sin él, quisieron arrastrarnos de vuelta al fracaso histórico y a la herida de la dos Españas. Y en nombre de la Constitución –es decir, de la libertad, de los derechos fundamentales, de la dignidad de los ciudadanos– el Estado y la sociedad democrática han prevalecido sobre la agresión terrorista. En estas más de tres décadas se ha consolidado un sistema democrático sin carencias institucionales, el Estado ha experimentado una transformación radical mediante un proceso de descentralización política rigurosamente inédito y puntero entre los Estados compuestos. La democracia española ha extendido su capacidad de integración especialmente a los que la niegan. En el País Vasco y Cataluña, los respectivos nacionalismos. Precisamente, estos que viven del discurso de deslegitimación del marco jurídicoconstitucional son los que han disfrutado ininterrumpidamente del gobierno en sus respectivas comunidades, con paréntesis que no han afectado significativamente a su poder en otros niveles institucionales y económicos –como en el caso del PNV–, o que incluso han sido prolongación, y no menos radical, del paradigma nacionalista, como el caso de Cataluña y los gobiernos tripartitos constituidos sobre el apoyo de ERC a los socialistas. Estas mismas fuerzas que quieren explicarse como una historia de exclusión y victimización política a manos del Estado han extendido su influencia, a veces decisiva, en gobiernos de PP y PSOE, erigiéndose en fuerzas-bisagra necesarias y extractivas a la vez.
El modelo de la Constitución ha promovido una estabilidad política más que razonable y ha propiciado condiciones de gobernabilidad –incluido el denostado sistema electoral– que, por ejemplo, en medio de esta crisis, aventajan en la comparación a otras democracias parlamentarias de más larga trayectoria que la nuestra. En este capítulo hay que incluir el papel jugado por los nacionalismos que, convertidos en fuerzas necesarias para completar mayorías, mantuvieron una práctica pragmática que permitió acuerdos asumibles para los grandes partidos de gobierno –PSOE y PP– y reconocidos por la opinión pública como pactos funcionales para la estabilidad.
Los partidos políticos –hoy también objeto del denuesto generalizado– han cumplido hasta el momento con su función esencial de vehículos expresión y encuadramiento de las principales corrientes de opinión, con dos grandes fuerzas hegemónicas en sus respectivos espacios, a izquierda y derecha, hasta representar entre populares y socialistas el 90% del cuerpo electoral. La anunciada crisis del bipartidismo, si esa hipótesis se confirmara, alteraría uno de los supuestos sobre los que ha funcionado el modelo parlamentario, pero aun así, la comparación seguirá siendo favorable sobre otros sistemas cercanos donde el fraccionamiento y la volatilidad del sistema de partidos –Italia, Francia– es muy superior y preocupante.
España es uno de los países donde el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales alcanza mayor intensidad. Sólo el terrorismo ha significado algo más que una amenaza, una verdadera agresión, que ha mantenido la libertad de miles de ciudadanos secuestrada por la coacción y la amenaza. La única dictadura que ha pervivido ha sido la del miedo impuesto por los terroristas. La Constitución acogió el pluralismo político y territorial con una generosa sensibilidad y un notable talento político. Ha realizado un esfuerzo ejemplar para que la diversidad identitaria pudiera vivir en la igualdad sustancial de la ciudadanía común.
En conjunto, el rendimiento del sistema constitucional español ha sido extraordinario. En su origen supuso una patriótica determinación de acuerdo sincero, de reconocimiento y encuentro que borraran el estigma de un pasado de exclusivismo y violencia política, de justos vencidos e injustos vencedores. En su desarrollo, con todas las objeciones que se quieran hacer, se ha revelado como una gran historia de éxito.
La Constitución merece ser cuidada, lo que significa reparar consensos básicos y reafirmar su valor normativo como lo que es, la ley de leyes. Significa también transmitir su vigencia, como el gran acto fundacional de convivencia, a aquellos españoles que hoy son parte de la continuidad histórica en democracia que los constituyentes iniciaron. Si no somos capaces de explicar que las constituciones de éxito –y la española lo es– no separan sino que unen generaciones en valores cívicos y en un relato de libertad compartidos, proliferarán los discursos que insisten en deslegitimar lo conseguido, en convertir un gran logro colectivo en otro intento al final fracasado. Esos discursos que quieren ensombrecer la Constitución hay que afrontarlos con lo mejor de su espíritu pero sin tentación alguna de desistimiento. Especialmente, ante los que quieren enfrentar a la democracia con la ley y se escandalizan porque la Constitución no contemple su autodestrucción.
JAVIER ZARZALEJOS, EL CORREO 09/12/13