Las dudas aparecen al analizar quien lo financia y quien lo administra. Si las nuevas aportaciones son a cargo de la empresa se convertirá en un coste extra y como no creo que la realidad del empleo en nuestro país esté para muchas alegrías habría que evitar la creación de una nueva barrera a la contratación. Si son a cargo del trabajador nos encontraremos con la cruda realidad de unos salarios bajos que no permiten grandes ahorros ni para garantizar el futuro ni, en muchas ocasiones, para afrontar el presente. De tal manera que salvo que se hagan obligatorios la iniciativa tendría muchas probabilidades de ir al fracaso. Basta con ver cuáles son las cotizaciones de los autónomos para comprobar que aquí primamos -por necesidad o por falta de cálculo-, las conveniencias del presente sobre las necesidades del futuro. Sólo podrían solucionar estos dilemas unos aumentos importante del valor añadido de las empresas, que debería estar sustentado en unas mayores inversiones y en una mejor capacitación profesional de los trabajadores. Una tarea imprescindible… que no se improvisa de un año para otro.

Y nos quedaría el peliagudo asunto de la gestión de los fondos. Si como se dice estará en manos privadas recibiría las fuertes tensiones de un escrutinio inevitable y si se queda en manos públicas, algo parecido o peor si los criterios de inversión sufren el albur de las vicisitudes políticas. Con este tema recuerdo siempre la sorprendente respuesta que dieron los sindicatos a la idea del lehendakari de poner a trabajar en pos de la recuperación a los fondos custodiados en las EPSV. Más o menos fue esta: ¡Con mi dinero no!