Editorial-El Correo
- El Gobierno de Sánchez anuncia un refuerzo de la frontera de Ceuta que ya debió adoptar después de la gran crisis de 2021 y afronta la insolidaridad de países que reclaman la imposible exclusión de España de la libre circulación
El progresivo retorno a territorio marroquí de la mayoría de los 60.000 indocumentados que desde el miércoles cruzaron ilegalmente a Ceuta encauza la peor crisis en la frontera sur de Europa. El episodio de entrada masiva por mar y tierra deja el trágico balance de al menos 60 fallecidos recuperados de las aguas, que se suman a los treinta registrados desde enero. La tensa visita de tres horas que realizó el presidente del Gobierno a la ciudad autónoma concluyó con el anuncio por parte de Pedro Sánchez de medidas para robustecer el control fronterizo, que ya debió adoptar cuando pudo creer que el episodio de entradas multitudinarias de mayo de 2021 era un incidente aislado, y no un precedente como se ve estos días.
Además de aumentar la dotación de las fuerzas de seguridad y mantener el apoyo del ejército, Sánchez entendió finalmente el mensaje contenido en la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio que prohibía la devolución exprés de los inmigrantes irregulares llegados por mar. Los jueces precisaban que no era posible expulsarlos sin miramientos porque no habían violentado una barrera física como los que saltan una valla. El presidente anunció la colocación de boyas, que teóricamente cumple la indicación judicial pero se ve como una débil defensa en caso de repetición de una marea humana y su posterior gestión administrativa. E insistió en dos argumentos que mueven a la incredulidad. Por un lado, el supuesto aliento que la laguna legal proporcionó a las mafias que trafican con personas; unas redes criminales que, en tal caso, tendrían capacidad para paralizar incluso a la policía marroquí que se cruzó de brazos ante la salida de sus nacionales. Por otro lado, la colaboración que estaría prestando Marruecos para resolver un problema que difícilmente se habría gestado sin su colaboración al menos pasiva.
Una vez que Europa ha normalizado la asociación con regímenes autoritarios para gestionar sus fronteras exteriores, los chantajes periódicos no evitan que la parte agresora obtenga muestras de renovada confianza como las que llegan a Rabat desde Madrid y Bruselas. El objetivo preferente es conseguir «con rapidez» el retorno de los migrantes, como declaró ayer Ursula von der Leyen. Mohamed VI se acercó a escasos kilómetros de Ceuta para celebrar el aniversario de su llegada al trono cuando ya se registraban las llegadas ilegales. El viaje del monarca se vio acompañado del movimiento de miles de personas, que pudo confundir a los servicios de Inteligencia españoles, aunque en modo alguno disculpa su fallo clamoroso.
Las imágenes de miles de jóvenes desbordando las defensas de Ceuta y paralizando la vida de la ciudad durante varias jornadas han dado la vuelta al mundo y desestabilizado a Europa. En algunas de las reacciones, a cientos de kilómetros del escenario de la crisis, la búsqueda de rédito político se disfraza de preocupación. La primera ministra italiana corrió a reclamar la imposible exclusión de España del espacio comunitario de libre circulación Schengen, secundada ya a destiempo por Dinamarca o Finlandia. La solidaridad de Macron trajo aparejado el aumento de los controles fronterizos que también impone Meloni. Las fuerzas conservadoras se sacuden la responsabilidad común en la seguridad de las fronteras exteriores y pasan la factura a Sánchez por su falta de sintonía con el portazo a la inmigración que triunfa en la UE. Donald Trump aconseja a los europeos elegir a presidentes como él. Y el premio de la infamia es para el ministro de Seguridad israelí, que desafía a Madrid a que «dé refugio a toda la población de Gaza» que ha conseguido sobrevivir a la inhumanidad del Gobierno del que forma parte.