La decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del PSOE que pide recontar los 30.000 votos nulos de la provincia de Madrid en las elecciones generales del pasado 23 de julio ha generado un profundo malestar en la Junta Electoral Central. Un malestar, a juicio de EL ESPAÑOL, ampliamente justificado en cuanto supone poner en la picota el sistema electoral español, que no había vivido en 45 de años de democracia un cuestionamiento como el que ahora sufre por parte del PSOE.

El malestar es, en cierta manera, preventivo, puesto que el Tribunal Constitucional no resolverá el recurso hasta la próxima semana. Pero su mera admisión por cuatro votos del bloque progresista contra dos del conservador implica introducir la semilla de la duda sobre un recuento realizado con todas las garantías y que ningún interventor o apoderado del PSOE impugnó en su momento.

El recurso del PSOE, contra la decisión del Tribunal Supremo que desestimó la petición de revisar esos 30.000 votos nulos, se ampara en una única consideración: el hecho de que el resultado en Madrid fue muy ajustado. «El reducido voto necesario para que este partido pueda obtener su 11º diputado por la circunscripción de Madrid respecto al voto nulo declarado en las actas de las mesas electorales impide considerar que se esté haciendo un ejercicio abusivo del derecho» dice el PSOE en su recurso.

Dicho de otra manera. El PSOE ha recurrido al Constitucional porque el recuento del voto exterior, que el PP ganó por casi 9.000 votos (19.006 contra 10.411), permitió que un escaño previamente concedido al PSOE pasará al PP. La trascendencia de ese escaño radica en que obliga al PSOE a obtener el sí de Junts en todas las votaciones en el Congreso, incluida la de la investidura de Sánchez. Si ese escaño volviera al PSOE, bastaría entonces con la abstención de Junts para sacar adelante cualquier propuesta.

Pero el PSOE no tiene más argumento que el de lo ajustado del resultado. Algo que, en caso de que el Constitucional ordenara recontar los votos finiquitando así la doctrina consolidada de que los votos no se recuentan salvo que haya impugnaciones, abriría la puerta a la puesta en duda de todos los resultados electorales en los que se haya producido un resultado ajustado. Y eso en un país cuyo sistema electoral es admirado y copiado en todo el mundo por su rapidez y fiabilidad.

La revisión de los votos nulos en Madrid parece además destinada a un melancólico fracaso. ¿Qué datos maneja el PSOE para creer que los votos nulos que puedan ser considerados válidos en ese hipotético recuento les pertenecerán a ellos en mucha mayor proporción que al PP? Porque en la valoración de los votos nulos no hay sesgo «de partido» alguno, salvo en el improbable caso de una pájara masiva y simultánea de los interventores y apoderados del PSOE.

La simple admisión a trámite de un recurso sin base por parte del Tribunal Constitucional pone en la picota un sistema electoral que ha funcionado durante más de 40 años de democracia de forma ejemplar y no parece tener otro objetivo que introducir la semilla de la duda sobre la fortaleza del sistema.

Resulta paradójico, además, que sea el PSOE, que durante la campaña electoral acusó a la derecha de presuntas tentaciones trumpistas por poner en duda la fiabilidad del voto por correo, el que esté azuzando en la práctica esa sospecha y poniendo al Tribunal Constitucional frente a su primera prueba de fuego de la legislatura.

Porque si el Constitucional ordena el recuento de los votos nulos en función de un argumento tan débil como el de lo ajustado del resultado cobrarán fuerza las sospechas de que la mayoría de sus magistrados se mueve por intereses que no son los de la protección de los principios constitucionales, sino los del PSOE.