Lo más llamativo de las negociaciones entabladas en Suiza sobre el futuro de Cataluña y España no es, como tontamente afirma la oposición de derechas, el hecho de que el Gobierno acepte dialogar con un prófugo de la Justicia, sino precisamente lo contrario. Es decir, el hecho de que el interlocutor que asume el diálogo con el inefable Puigdemont para hablar de la futura financiación y el posible referéndum secesionista no lo sea el Gobierno de España, sino un partido político concreto, por mucho que ese partido esté en el Gobierno de España. Resulta que quien negocia el futuro de todos no es el Gobierno, sino un partido político que no suma sino 122 diputados en el Congreso; es decir, ni siquiera la tercera parte de los representantes del pueblo. Esto sí que es, si se me permite exagerar un poquito, realmente portentoso.

Recuerden por un momento las negociaciones, hasta cierto punto comparables, con los representantes de los terroristas etarras, también en Suiza o Noruega, y también con mediador interpuesto. Hasta Sánchez se ha remitido a ellas como precedente legitimador. Sin embargo, sucede, sí, que González, Aznar o Zapatero las emprendieron, pero también que siempre fueron negociaciones en las que la representación de España la asumía el Gobierno de España, como es lógico. Nunca a nadie se le ocurrió que quienes negociaran fueran el partido socialista o el popular solos; hasta tal punto era evidente que, dejando aparte tareas de contacto previo, el interés público del Estado solo podía representarlo o defenderlo el propio Gobierno. Tanto en aquello que se podía conceder como en aquello que se debía exigir a cambio, era el Gobierno de España el único que podía asumir la representación de los intereses colectivos de la sociedad.

Me corrijo: hubo un caso en que la negociación lo fue solo con un partido político concreto. Y sucedió lo que era lógico esperar. Cuando Esquerra Republicana de Catalunya, representada por Carod-Rovira, negoció con la dirección de ETA en 2004, lo que buscó y consiguió no fue un interés general (el fin del terrorismo), sino uno partidista; es decir, que ETA no atentara más en Cataluña y contra catalanes para no interferir negativamente en su proceso de independencia. Como es de todo punto lógico y esperable en un partido político, lo que buscó fue el interés de partido, no el general. ETA podía seguir y a los españoles no catalanes se les podía matar o no, eso no era de su interés.

Bueno, pues, ‘mutatis mutandis’, esta situación estrafalaria es la que repetimos ahora. Es el partido de Sánchez el que negocia en Ginebra. Lo que concederá (más/menos/nada, según vayan sus cosas) ya lo sabemos: financiación ahora y secesión mañana de Cataluña. Pero lo que pedirá a cambio, lo que buscará obtener, eso es una incógnita no despejada, pero de lo que podemos de antemano afirmar que en cualquier caso será un interés partidista que no tiene por qué coincidir con el interés general de la sociedad y del Estado. Es más, podemos afirmar por la misma lógica de acción colectiva que mueve a las organizaciones político-burocráticas en general que difícilmente lo será.

Todo partido político se mueve por unos fines, que solo en último lugar son los formalmente declarados como tales en su ideario y programa. En primer lugar, está el interés propio de la élite que domina el partido. Luego el interés en sobrevivir y crecer del propio partido. Y solo después, los intereses para cuya defensa nació públicamente, los intereses no partidistas. Esta es una ‘ley de hierro’ de las organizaciones en la que no vamos ahora a profundizar.

Aplicado al caso que nos ocupa, se trataría de reflexionar no tanto sobre lo que el PSOE puede dar en Ginebra, sino sobre lo que va a pedir a cambio en cada momento. No va a pedir que Junts abandone el secesionismo o que acepte la Constitución española y sus límites; eso lo haría si fuera el Gobierno, y no lo es. No, va a pedir lo que en cada momento interese al PSOE como partido, como ha hecho a lo largo de las negociaciones previas durante estos meses. Porque si leen el acuerdo Junts-PSOE verán que lo pedido y obtenido por este último se dice en una sola frase: «La investidura de Pedro Sánchez con el voto favorable de todos los diputados de Junts». Algo que nada tiene que ver con el interés general del Estado, salvo en la ilusión de los socialistas en donde, obviamente, ellos son el interés general mismo.

Aceptar como normal lo que resulta a todas luces estrafalario, que el interés de la élite autocrática de un partido sea el criterio regulador de una negociación sobre el futuro de todo un país, da fe de hasta qué punto lo anormal se ha convertido en natural en la democracia española. Una democracia anormal.