LA ESPERADA reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra no sirvió para aplacar el desafío secesionista, el mayor reto de nuestra democracia. Y ello a pesar de las pregonadas buenas intenciones de ambas partes –pura retórica– y los elogios a la predisposición del president lanzados por parte de Moncloa a través de Carmen Calvo. El presidente del Gobierno, nuevamente, no quiso salir a dar explicaciones en rueda de prensa. Aunque travestido de ejercicio de responsabilidad institucional, lo que hicieron ayer Sánchez y Torra fue regalarse una sesión de distensión mutua que no solo no soluciona nada, sino que arroja dudas muy inquietantes para los ciudadanos. Ni Sánchez parece decidido a plantear un proyecto de España sólido y solvente, ni Torra renuncia a la unilateralidad y la desobediencia.

El presidente de la Generalitat, que tachó el encuentro de «sincero», no se movió un ápice de las posiciones más radicales del independentismo. Exigió el reconocimiento del derecho de autodeterminación, se acordó de los «presos políticos y exiliados» y mantuvo su pulso a la Corona. Pero sobre todo elogió que Sánchez admitiera, por un lado, que el reto independentista es un «problema político» que requiere una «solución política»; y, por otro, que España es una nación de naciones. La plurinacionalidad, tácticamente aparcada en el PSOE tras prestar apoyo a la aplicación del artículo 155, presta una coartada a la reivindicación del derecho a decidir agitado por los secesionistas. Por eso la confesión de Sánchez es tan preocupante. Primero, porque los españoles desconocen cuál es el contenido de una eventual solución política que, en principio, no parece al alcance de un Gobierno débil y sin base parlamentaria. Segundo, porque el propio Torra afirmó que cualquier salida «pasa por la autodeterminación», lo que revela que el separatismo continúa en la hoja de ruta que desembocó en el 1-O. Y tercero, porque el hecho de que el presidente admita el carácter político de esta cuestión supone una cesión flagrante que alimenta el relato soberanista.

En este contexto, ambos pactaron reactivar las comisiones bilaterales –algo ya contemplado en el Estatut– y el levantamiento del veto en el Tribunal Constitucional a las leyes sociales del Govern, todas recurridas por el Ejecutivo de Rajoy. Fue una escenificación cosmética que no deja satisfechos ni a los constitucionalistas, que asisten con creciente preocupación a las maniobras de Sánchez; ni tampoco a los separatistas, cuyos CDR se apresuraron a pedir la dimisión del president.

Si ya es grave que Torra mantenga su amenaza al orden constitucional, aún lo es más que Sánchez traicione sus propias palabras explorando acuerdos con quien sigue dispuesto a quebrar la legalidad. Un Estado de derecho no dialoga ni negocia con golpistas. La ciudadanía tiene derecho a saber cuál es el precio de sostener a Sánchez en La Moncloa.