LOS VILES insultos del diputado de Bildu Julen Arzuaga ayer en el Parlamento vasco a los miembros de la Policía y la Guardia Civil, tachándolos de nazis, evidencian lo envalentonados que están los proetarras en un momento en el que el nacionalismo está reescribiendo la historia reciente del País Vasco a su antojo. Y lo más grave es la anuencia de un PSOE entregado tanto al PNV como a los herederos de Batasuna por puro electoralismo. Se escenificó con el apoyo decisivo de estas dos formaciones a los decretazos del Gobierno en la Comisión Permanente del Congreso. Y se visualizó ayer en Vitoria, donde Urkullu ha sacado adelante su hiriente Ley de Abusos Policiales con el respaldo del PSE y la venia de Pedro Sánchez. Verlo para creerlo.

Esta norma, que a los proetarras les parece incluso tibia, pone en entredicho la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el País Vasco entre 1978 y 1999, extendiendo todo un manto de sospecha intolerable y apelando a la ligera a algo tan grave como las violaciones de derechos humanos. Como si la democracia no hubiera tenido en todo este tiempo mecanismos por los cuales la Justicia ha perseguido a quienes han conculcado la ley o cometido cualquier abuso. En buena parte del periodo acotado fueron los socialistas quienes gobernaron España y estuvieron, por tanto, al frente de Interior. Pero un puñado de votos que hicieron posible la moción que descabalgó a Rajoy –y que podrían ser necesarios para volver a apuntalar tras el 28-A a Sánchez en Moncloa– obran el milagro. Y el sanchismo cede ante una ley que viene a equiparar las acciones de ETA con los supuestos abusos policiales. Era el sueño de la izquierda abertzale: enmerdarlo todo. Que parezca que no hubo víctimas y verdugos, sino un contexto de violencia política en el que enmarcar la actuación de la banda criminal, dando así cobertura ideológica a la versión bastarda que intenta explicar lo ocurrido como un conflicto entre dos partes con la misma legitimidad.

Nada más ser investido presidente, el PNV se cobró sus servicios a Sánchez obligándole a retirar el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Rajoy había presentado a la Ley vasca de Abusos Policiales. El escándalo fue mayúsculo porque el Tribunal Constitucional acababa de tumbar una norma similar aprobada en Navarra. El fallo sostenía que se conculcaban los principios más básicos del Estado de derecho y de la doctrina penal, dando potestad a una comisión nombrada a dedo para investigar posibles delitos y sentenciar al margen del Poder Judicial. Se comprometió el PNV a realizar cambios cosméticos en la norma, aprobados ayer. El PP ha anunciado que recurrirá. Es una afrenta para policías, guardias civiles y víctimas del terrorismo. Y para toda la sociedad es una indignidad asistir a otro gesto de blanqueamiento de quienes hasta anteayer jaleaban «ETA, mátalos».