Si bien el mapa político de las cámaras planteaba, desde el primer momento, dificultades objetivas para poder alcanzar acuerdos de legislatura, la actitud y el comportamiento posterior de las principales formaciones políticas no han hecho sino contribuir a aumentar más aún las dificultades ya existentes, haciendo cada vez mas difícil la consecución de acuerdos de cualquier tipo. Una muestra de ello son los plenos que vienen sucediéndose, en los que no ya la eventualidad de lograr acuerdos sino tan siquiera la posibilidad de entablar un debate sobre cuestiones programáticas es imposible.

En una situación tan complicada desde el punto de vista parlamentario como la que ofrecía la composición de las cámaras surgidas de las ultimas elecciones -en la que no hay ganadores claros, la diferencia entre los dos partidos más votados, PP con el 33,06% y PSOE con el 31,68%, es solo del 1,38%- lo determinante son las medidas que se adopten para poder articular una mayoría parlamentaria suficiente, que no necesariamente ha de ser absoluta numéricamente. Aunque sí ha de mantener un mínimo de cohesión política (que puede ser compatible con desacuerdos pactados) pero que, en caso de no existir, como parece que ocurre, hace imposible la continuidad de la legislatura.

Este es precisamente el problema principal y que ahora amenaza con impedir que la legislatura prosiga su curso, después del anuncio realizado por Junts (a añadir a los ya comunicados por Podemos) de abandonar la mayoría parlamentaria que había venido sosteniendo al Gobierno. No resulta nada fácil hallar una solución a la vista de la complicada aritmética parlamentaria, sobre todo teniendo en cuenta la manifiesta falta de sintonía y de cohesión política entre las fuerzas, en especial de algunas, que componen lo que hasta ahora ha venido siendo una mayoría parlamentaria tan precaria como problemática.

La dificultad se acrecienta con la actitud mostrada por la oposición desde el primer día: negar la legitimidad de un Ejecutivo tildado de ‘okupa’ por haber accedido a La Moncloa sin ganar las elecciones y, a la vez, mostrándose incapaz de articular una mayoría alternativa que le permitiese gobernar. Con el agravante de recurrir, en su labor opositora, a instrumentos que se sitúan al margen del ámbito propio de la actividad parlamentaria para acabar instalándose en la retórica del ‘antisanchismo’ y en la reclamación insistente, desde el día siguiente a la investidura, de la dimisión de Sánchez. El reciente fallo condenatorio del fiscal general y el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García proporcionan argumentos adicionales para intensificar la exigencia de dimisión del Gobierno y convocatoria de elecciones.

Aunque siempre es arriesgado hacer pronósticos, sobre todo en un escenario como el que se da en la actual legislatura, no parece que haya muchos motivos para pensar que en lo que queda de ella la vida parlamentaria vaya a experimentar una evolución favorable. Sin mayoría por parte del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas y sin posibilidad alguna por parte de la oposición de ofrecer alternativas, no solo por insuficiencia numérica sino también por falta de cohesión entre las fuerzas que la integran, las perspectivas de continuidad de la legislatura son problemáticas. La tramitación de los Presupuestos, primera e inmediata prueba a superar, puede ser el factor determinante, por más que se haya anunciado la eventualidad de una nueva prórroga, para decidir el futuro.

Lo que no tiene mucho sentido es forzar la prolongación de la legislatura para llegar, como sea, hasta su final en 2027 si no se tiene la mayoría parlamentaria suficiente para poder llevar a cabo las tareas legislativas programadas, ni para poder garantizar el respaldo parlamentario al Gobierno. Hay que tener presente, además, que los costes políticos de una prolongación forzada de la legislatura pueden ocasionar más problemas y desgaste para las fuerzas que integran el Ejecutivo de coalición que una eventual finalización ordenada. En estas condiciones, no estaría de más considerar la viabilidad de una cuestión de confianza en torno a unos puntos acordados y limitados para lo que queda de legislatura, como medio para decidir sobre la posibilidad de continuidad o de finalización.