Ah, nuestra insigne Titular del Ramo Techado, esa criatura insondable elevada a la dignidad ministerial no por la agudeza de su entendimiento ni por el rigor de sus conocimientos, sino por la imperiosa necesidad de llenar la cuota de vacuidad de un gabinete al que el talento le produce urticaria. Contemplar su paso por el palacio de la calle San Bernardo es asistir a un sainete de proporciones calamitosas, una comedia del arte en la que la ‘arlequina’ principal no solo desconoce el guión, sino que parece convencida de que las tablas del escenario son para hacer leña.

La dama en cuestión ha abordado la alta política inmobiliaria con el brío irracional del analfabeto que intenta arreglar un reloj de precisión a martillazos. Posee esa audacia inquebrantable que solo la ignorancia supina es capaz de conferir. Para la Sra. Ministra, la economía de la vivienda no es una disciplina técnica regida por las vulgares leyes de la oferta y la demanda —menudencias burguesas de las que reniega con el visaje despectivo del que jamás ha tenido que liquidar una hipoteca con el sudor de su frente—, sino un territorio místico donde la prosperidad se promulga por ensalmo y el suelo edificable surge por generación espontánea en los discursos del domingo.

Es un espectáculo de rara belleza cómica verla subir a la tribuna del Congreso a defender los proyectos de su departamento. Allí se presenta, oronda de arrogancia institucional, envuelta en esa prosa parlamentaria que huele a taller de eslóganes y a folleto de propaganda barata. Sin embargo, el drama verdadero acontece cuando algún diputado malintencionado —seguramente un lacayo del capitalismo rentista— osa formularle una pregunta sucinta sobre la norma que ella misma firmó con rúbrica grandilocuente apenas 48 horas antes.

La escena es digna de la pluma de un Quevedo desabrido: ante el mentado decreto, la ministra parpadea con la vaciedad bovina de quien oye hablar en arameo antiguo. El texto que lleva su sello no es para ella un cuerpo doctrinal ni un marco normativo, sino una galimatías indescifrable, un jeroglífico redactado por aburridos leguleyos para atormentar su delicada sensibilidad política. Confunde la letra chica con la grande, traspone artículos, cita de memoria números de disposiciones que pertenecen al código de comercio del siglo XIX y concluye, acorralada en su propio laberinto de imbecilidad legislativa, arremetiendo contra «la especulación voraz» y «la codicia del mercado». La ignorancia, cuando se viste de indignación moral, resulta un disfraz comodísimo; le ahorra al inepto el penoso trance de coger un libro.

La dama en cuestión ha abordado la alta política inmobiliaria con el brío irracional del analfabeto que intenta arreglar un reloj de precisión a martillazos

Bajo su férreo e indocumentado mandato, el ministerio se ha transformado en una fábrica de barbaridades jurídicas con rango de ley. Fija precios máximos con la jovialidad de un tirano tropical, convencida de que la realidad económica se arrodillará sumisa ante la severidad del Boletín Oficial del Estado. Pretende multiplicar la oferta destruyendo la seguridad jurídica, y se asombra luego —con la candidez propia de quien carece del más elemental sentido común— de que los propietarios prefieran tapiar sus inmuebles antes que entregarlos al capricho confiscatorio de su administración. Es la alquimia al revés: convierte el oro del mercado en la escasez del desierto, y encima aguarda que los desposeídos la aplaudan en la calle.

Pero lo más descollante de esta figura no son sus desafueros -que al fin y al cabo son el tributo habitual que el ciudadano paga a la estupidez burocrática-, sino esa sublime inopia doctrinal de la que hace gala sin pudor. Ni se sabía el decreto, ni se lo sabe hoy, ni tiene la menor intención de leérselo jamás. ¿Para qué molestar a las neuronas con el árido articulado de una ley cuando se cuenta con el bálsamo bienaventurado de la palabrería identitaria y el sermón demagógico? Leer el decreto exigiría un esfuerzo intelectual del que está milagrosamente exenta; aplicarlo requeriría una competencia de la que carece por completo.

Así transcurren los días de nuestra ilustre prócer: inaugurando maquetas inexistentes, dictando órdenes ministeriales que contravienen las leyes de la física y de la lógica financiera, y rodeándose de un séquito de asesores cuya única función es soplarle al oído la cifra del decreto del día antes de que las cámaras enfoquen su rostro desconcertado. Es la encarnación perfecta del despotismo analfabeto: destruye la propiedad privada no por un maquiavélico plan de ingeniería social, sino por pura y dura incompetencia funcional.

Al final, la posteridad no la recordará por haber resuelto el problema de la vivienda -tarea para la que habría necesitado, al menos, haber hojeado la Constitución-, sino por haber sido el monumento viviente a la frivolidad del poder. Una ministra que pasará a los anales de la política no por sus leyes, sino por la cómica zozobra de no haber sabido jamás lo que llevaba impreso entre las manos.