Antonio Casado, EL CONFIDENCIAL, 13/6/2011
Con una inmensa mayoría de vascos cuyo gobierno de cercanías queda en manos de nacionalistas, unos con más prisa y otros con menos por ver algún día la Euskadi soñada por Arana como unidad de destino en lo universal, la guerra de las banderas y la tensión con el Estado vuelve a quedar servida en los ámbitos primarios de la convivencia. Mala noticia.
La constitución de los ayuntamientos y elección de alcaldes nos deja un paisaje político profundamente modificado. Aparte de la formidable acumulación de poder municipal en manos del PP por hundimiento del electorado socialista, distingo tres rasgos específicos del panorama alumbrado en las urnas del 22 de mayo: fractura de la izquierda, retorno del nacionalismo con fuerza redoblada e irrupción de los indignados.
La inesperada rebelión de los dirigentes locales de IU frente a las consignas federales inspiró al presidente del Congreso, José Bono, la necia comparación de Cayo Lara con Cipriana la de los títeres. Una rabieta impropia de la tercera autoridad del Estado. Por mucho que a su partido, el PSOE, las abstenciones de IU le hayan quitado unas sesenta alcaldías en toda España. Y aunque el efecto del brote de izquierda contra izquierda sea el refuerzo del nuevo e irresistible poder municipal de la derecha.
Algunos analistas hablan de una nueva “pinza”, a imagen y semejanza de la protagonizada a mediados de los noventa por Aznar y Anguita para derribar al Gobierno de Felipe González, con el inestimable concurso de un costalero judicial, Garzón, y otro periodístico, Ramírez. Nada que ver. Aquella “pinza” fue una decisión de la cúpula más o menos compartida por las bases de IU. Ahora han sido las bases las que desbordan a su dirección en un singular proceso asambleario.
El segundo de los rasgos propios de la nueva orografía política local es el tsunami nacionalista en Cataluña y el País Vasco. Cuando Artur Mas ya gobierna con holgura la Generalitat, el nacionalismo catalán de referencia (CiU) alcanza su máximo histórico (460 alcaldías). Y en el País Vasco los ayuntamientos no gobernados por el PNV de Urkullu o por la coalición Bildu, donde están empotrados los amigos de ETA, vuelven a ser como antaño la excepción que confirma la regla.
Hará mal la clase política, especialmente la de izquierdas, que está pidiendo a gritos una analítica general para localizar sus males y trazar nuevos rumbos, si se toma a los ‘indignados’ a título de inventario
Con una inmensa mayoría de vascos cuyo gobierno de cercanías queda en manos de nacionalistas, unos con más prisa y otros con menos por ver algún día la Euskadi soñada por Arana como unidad de destino en lo universal, la guerra de las banderas y la tensión con el Estado vuelve a quedar servida en los ámbitos primarios de la convivencia. Mala noticia. Pero menos mala si solo se queda en eso porque Eta haya dejado de ser rentable para sus amigos políticos.
Nos queda la revuelta de los indignados, que volvieron a hacerse presentes este fin de semana con motivo de la constitución de las nuevas corporaciones municipales. Hará mal la clase política, especialmente la de izquierdas, que está pidiendo a gritos una analítica general para localizar sus males y trazar nuevos rumbos, si se toma este fenómeno a título de inventario, con la esperanza de que sea flor de un día. Aunque el cante lo hayan dado unos cuantos infiltrados, con réplicas en forma de cargas policiales, millones de españoles comulgan con el espíritu de un movimiento de base por la regeneración-refundación de un sistema que en absoluto quieren demoler.
Es absurdo reducir la expresión de ese malestar, aún sin articular, eso es cierto, a una antidemocrática y puntual reprobación de la legitimidad de los nuevos alcaldes a las puertas de los Ayuntamientos: “Que no nos representan, que no, que no nos representan”, les han gritado este fin de semana. Y algunos se han rasgado las vestiduras por lo que consideran un intolerable ataque contra los electos, algunos y algunas de los cuales están metidos hasta las orejas en casos de corrupción.
Sinceramente, no acabo de entender que estos incidentes escandalicen a nadie en un país donde se cuestiona a diario la legitimidad de las instituciones, y de quienes las representan en base a insoportables procesos de intención solemnemente formulados por políticos y periodistas. Véase la vigente ofensiva contra el Tribunal Constitucional, por ejemplo.
Antonio Casado, EL CONFIDENCIAL, 13/6/2011