En su momento de mayor debilidad por el impacto de la corrupción en el PSOE -ayer mismo el juez pidió la imputación del ministro Bolaños por el ‘caso Begoña Gómez’-, Sánchez responde con dureza. Da luz verde a la operación, pero la deja en el aire al obligar a BBVA a mantener al Sabadell por separado durante tres años, prorrogables dos más, con la prohibición expresa de acometer despidos. El banco vasco, que en la víspera había amagado con retirar la oferta en el caso de un excesivo endurecimiento de las exigencias, tiene que examinar si la transacción es asumible, interpelado por las lógicas dudas de los accionistas de la entidad catalana.

El Gobierno asumía que no podía torpedear una opa que llegaba avalada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -por unanimidad de sus cinco consejeros, incluido el de Junts- y del Banco Central Europeo. Primero, intentó ganar tiempo con una insólita consulta pública cuyas conclusiones aún se desconocen. Ahora abre un paréntesis de al menos tres años que vuelve a cuestionar al regulador. Congelar la fusión de BBVA y Sabadell en aras a «una autonomía de gestión» supera el ámbito financiero y entra de lleno en las urgencias políticas de un Ejecutivo con una precaria mayoría. Sánchez puede proyectar con el veto una imagen de fortaleza en plena crisis de confianza. También responder a sus intereses partidistas en Cataluña, en un intento por colmar las aspiraciones de Junts, ERC y del propio presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. Pero aprovechar la operación bancaria para dotarse de la autoridad perdida por la sucesión de escándalos no es precisamente la mejor inversión para lograr el pretendido «interés general».