EL MUNDO 02/10/13
SANTIAGO GONZÁLEZ
El portavoz del Gobierno vasco y el presidente del partido que lo sustenta han coincidido al calificar la operación policial que desmanteló Herrira, el aparato de apoyo a los terroristas presos que sustituye a las Gestoras pro Amnistía. «Es una mala noticia», «un paso atrás» al que ellos se oponen, imaginándose Cristo entre los dos ladrones, con una posición críticamente equidistante entre ETA y el Gobierno del PP, exigiendo responsabilidades: a ETA que se disuelva; al Gobierno para que allane obstáculos.
En realidad, Cristo no era equidistante; estaba más con Dimas, que era el buen ladrón. En realidad, los dirigentes del partido-guía estaban más cerca de la histeria del ama de casa de clase media-baja, un suponer, la madre de Manolito Gafotas: «Entre uno y otro me estáis volviendo loca. Un día voy a coger esa puerta y no me volvéis a ver el pelo».
El 19 de junio de 2008, el Parlamento vasco aprobó la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo por 66 votos a favor (PNV, PSE, PP, EB, Aralar) y nueve en contra de EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas), marca con la que Batasuna había burlado la ilegalización en 2005.
El lehendakari era Ibarretxe; su consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, hoy miembro de Bildu; el presidente de su partido, Iñigo Urkullu; el presidente del BBB, Andoni Ortuzar. Ninguno de ellos parece acordarse de lo que aprobaron sus parlamentarios aquel 19 de junio en el que se cumplía el 21º aniversario del atentado de Hipercor. La Ley de Víctimas establecía en su artículo 4.b lo siguiente:
«[Los poderes públicos] Adoptarán medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la intimidad de las víctimas y sus familiares y, en particular, para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas, y actuarán de manera especial contra las pintadas y carteles de tal índole, y, en su caso, investigarán aquellos que puedan ser constitutivos de infracción penal, quedando abierta la posibilidad del ejercicio de la acción popular por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la defensa de este derecho».
Herrira. Andoni Ortuzar debería leer con alguna atención el párrafo anterior, para reconsiderar algunas de sus declaraciones de ayer. Sostener que entre el Estado y ETA hay una partida de ajedrez en tablas (tablas infinitas, además) es bastante incompatible con la idea establecida de una ETA derrotada que abandona unilateralmente la actividad armada. Están dispuestos a jurar que no van a volver, y harían mejor en disolverse, pero el Gobierno no puede empeñarse en el cumplimiento de la Ley de Víctimas, esa provocación que aprobamos todos nosotros. Incluso Eguiguren.