ABC – 06/07/16
· La trama funcionaba como una «administración municipal paralela»
· Una macrooperación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción en 23 ayuntamientos de toda España –con origen y nexo común, la consultoría Efial y CGI, en Cataluña– salpicó ayer de lleno a Convergència y de forma más tangencial al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por su etapa al frente de la alcaldía de Gerona, de 2011 a 2015.
La Guardia Civil registró varios ayuntamientos catalanes –la mayoría, gobernados por Convergència–, así como algunos madrileños, en el marco de una operación por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude e infidelidad en la custodia de documentos.
Pieza separada del 3%
La operación, bautizada como Termyca –una pieza separada de las diligencias por el caso 3% que llevó a registrar la sede de CDC y de su Fundación Catdem–, tiene su epicentro en la consultora Efial, con sede en Barcelona, que ofrece sus servicios a consistorios en áreas como urbanismo y administración local y que ha trabajado para ayuntamientos de todos los colores, aunque en su mayoría son de Convergència. La Guardia Civil también registró la sede de esta compañía, en la Diagonal de Barcelona, así como varios domicilios, despachos profesionales, sociedades mercantiles y entidades públicas.
La operación propició la detención de 11 personas: dos exalcaldes, un asesor y ocho cargos de Efial. Entre ellos, el exalcalde de L’Ametlla de Mar (Tarragona), Andreu Martí, de Convergència, y el también exalcalde de Anglès (Gerona), Josep Manel Bassols, que ya fue arrestado en octubre de 2015 e imputado por su vinculación con la trama del 3 por ciento y que en 2011 fue jefe de campaña de Puigdemont para las elecciones municipales. Bassols fue arrestado por su relación con la constructora Oproler, sospechosa de pagar comisiones ilegales a CDC y a su Fundación, Catdem, a cambio de la adjudicación de obra pública.
La operación de ayer tiene su origen en las actuaciones que a finales de junio de 2014 afectaron al Ayuntamiento de Torredembarra, en las que fue detenido su entonces alcalde, de CiU, Daniel Massagué.
Efial, creada en 2007, ofrecía a los ayuntamientos externalizar algunos de los servicios y lograr así adjudicaciones sin la debida transparencia. «La operativa era la siguiente: el pleno del ayuntamiento creaba una empresa municipal, muchas veces relacionada con el urbanismo, y nombraba gerente o administrador al presidente de Efial, Antonio Martos. Y este, asu vez, contrataba a su empresa como gestora de esa sociedad. A veces esta hacía el servicio, y otras parece que no. En la primera parte habría prevaricación; en la segunda, prevaricación y malversación de fondos».
Precisamente, entre los detenidos de Efial se halla Martos, ya imputado en el caso Torredembarra y con un currículum plagado de trabajos en las administraciones públicas. Martos ocupó entre 2004 y 2007 el cargo de director de Control de Gestión a los Servicios Centrales en el consistorio barcelonés, donde ya antes ya había ejercido de director de Administración de Economía y Finanzas en la Sociedad Municipal de Barcelona Gestión Urbanística SA y en el Instituto Municipal de Urbanismo. Además, ejerció de asesor económico de la Sindicatura de Cuentas catalana.
Tres en una
La investigación de ayer es el resultado de la unificación de otras tres que estaban ya en marcha en Cataluña. De hecho, hasta hace poco más de un mes era la Fiscalía de Tarragona la encargada de ellas. La razón de hacerlas converger es que la visión de conjunto permite vislumbrar que se trataba de una forma sistemática de actuar.
La Guardia Civil registró los ayuntamientos de Tortosa, Ascó, L´Ametlla de Mar y Vandellós, en la provincia de Tarragona; Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en la Comunidad de Madrid; y Trillo (Guadalajara). Además, se formularon 15 requerimientos de información a los ayuntamientos de Barcelona, Llinars el Vallés y Masquefa (Barcelona); Seo de Urgel (Lérida); Calonge y Gerona (Gerona); Cambrils (Tarragona); Alaior y Soller (Islas Baleares); Velilla de San Antonio, Collado Villalba y Getafe (Madrid); Benicasim (Castellón); Armilla (Granada); y Palos de la Frontera (Huelva). La investigación se extiende también a Andorra, con cuatro registros.
Adjudicaciones a dedo
En el caso de Gerona, se solicitó información de contratos que el consistorio acordó con la consultora durante la etapa en la que era alcalde el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la de su antecesora, Anna Pagans (PSC). En marzo, la Oficina Antifraude de Cataluña, que dirigía el ya cesado Daniel de Alfonso –por sus renuniones grabadas con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz– ya requirió al consistorio gerundense varios contratos con esa sociedad de la etapa Puigdemont. Agentes de la Benemérita se personaron ayer en Antifraude para reclamar estos papeles.
Tras saltar el escándalo de Torredembarra, en enero Efial cambió su nombre por el de Consultoría en Gestión Innovadora (CGI). Los investigadores sospechan que Efial, y luego CGI, crearon un entramado societario para desviar fondos públicos de los ayuntamientos mediante adjudicaciones de servicios fraudulentas. Según la investigación, la empresa actuaba como un «ayuntamiento paralelo», o en la sombra. La alianza de CGI con Efial permitió a la primera extender esta forma de actuar a otros ayuntamientos de España.
En cuanto a Puigdemont, con el ahora presidente de la Generalitat como alcalde, el Ayuntamiento gerundense adjudicó seis contratos a la consultora Efial entre los años 2012 y 2015, por los que la empresa cobró un total de 113.000 euros. Cuatro de ellos se adjudicaron de forma directa porque la ley permite hacerlo al ser de un importe inferior a 18.000 euros, aunque se analizará si se «trocearon» los encargos para no rebasar dicho límite. Los otros dos contratos, por un total de 51.000 euros, se adjudicaron mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Todo con apariencia legal.
«Ya se verá»
De hecho, las fuentes de máxima solvencia consultadas por ABC insisten en que «por ahora no hay nada que afecte directamente a Carles Puigdemont; no se sabe si fue él quien hizo esas adjudicaciones, ni mucho menos se puede asegurar que lo hiciera a dedo o que necesariamente sean irregulares. Ya se verá. Por eso ha sido un requerimiento de investigación, y no un registro».
La temática de los encargos fue variopinta. Desde informes sobre la empresa público-privada que gestiona el suministro de agua a Gerona y otros municipios, Agissa, hasta un análisis de las subvenciones del Plan E o una auditoría del área de Patrimonio.
Al menos el presidente de Efial, Antonio Martos, llevaba las ganancias a Andorra, donde anoche se registraba el domicilio de Jaume Sabaté, durante casi una década director general de Anbanc. No se descarta que más implicados hicieran los mismo que Martos, un aspecto que se investiga con la colaboración de las autoridades judiciales del Principado.
ABC – 06/07/16