EL MUNDO – 08/03/16 – ARCADI ESPADA
· El presidente Rajoy tendría que haberse presentado a la sesión de investidura no solo por razones políticas sino también institucionales. Por las políticas ya se vio en la investidura fallida de Pedro Sánchez que no había nada que temer: el fondo y la forma argumental del presidente se impusieron con dolorosa claridad.
Pero también estaba obligado institucionalmente: era el vencedor de las elecciones, no había una mayoría alternativa y la laguna constitucional necesitaba de algún modo el favor del automatismo. De su doble error se aprovechó Sánchez que ocupó durante unos días el centro del escenario y pudo contraponer su actividad constitucional a la indolencia retrechera de Rajoy.
No fue justo ni verdadero que Rajoy acusara a su rival de haber utilizado al Rey fingiendo un acuerdo que no tenía. Al margen de que sería el Rey el único español que no sabría de las intenciones de Iglesias o del propio Rajoy respecto al candidato, la acusación revela una incomprensión del oficio de investidura y conlleva un menosprecio demasiado automático (¡sí!) del Parlamento.
El encargo del Rey no supone garantía cierta de que el candidato culmine con éxito su tarea (de ahí la obligación que debía haber contraído Rajoy) y es de alabar, incluso a riesgo de resultar ingenuo, que al margen de los pactos previos un candidato se plantee convencer a un número suficiente de diputados mediante una oferta de gobierno que solo se materializa en el discurso de investidura. En la negativa de Rajoy y en el reproche posterior a Sánchez hay un fondo de menosprecio del Parlamento y de su ámbito de convicción que no por ser generalizado deja en buen lugar al presidente.
Su decisión y la ralentización del calendario postelectoral que ha provocado solo tienen una ventaja: han puesto en evidencia un fallo en el mecanismo constitucional. Como es natural los fallos se descubren a partir del uso y es absurdo dramatizarlos fuera del teatro periodístico. Los resultados electorales y la dinámica social y política exigían una flexibilidad que el texto constitucional no puede dar.
Debe de ser fácil corregirlo. Pero a pesar de la aparente sencillez del problema y de su urgente necesidad de solución, aún no he oído que uno solo de los innumerables reformadores constitucionales haya propuesto redactar de nuevo los artículos correspondientes. Una manera elegante y oblicua de revelar hasta qué punto las propuestas de reforma constitucional sólo responden, en la actual política española, al estímulo de las ficciones inducidas.
EL MUNDO – 08/03/16 – ARCADI ESPADA