Una sociedad fundada en el olvido

En un reciente editorial EL CORREO exponía una de las claves de estas elecciones: «El regreso institucional de una izquierda abertzale que no ha necesitado demostrar su carácter democrático, condenando o censurando la trayectoria etarra, para acceder a su blanqueo legal». Que quienes siguen sin condenar la sistemática violación de derechos humanos perpetrada por ETA hayan alcanzado las instituciones sin cumplir tan básicas exigencias constituye un grave fracaso del sistema democrático. El fortalecimiento de los radicales ha estado motivado por un ‘blanqueo legal’, pero también político y social, que muy posiblemente sea una de las causas del derrumbe del PSE y PP que las encuestas prevén. El CIS confirma ese fracaso constatando que una formación creada por el entramado ETA / Batasuna –tal y como acreditó el Supremo– goza de mayor confianza entre los electores que quienes han sufrido el terrorismo etarra que Bildu no condena. Como Pedro Ontoso ha escrito, «una capa importante de la población vasca ha interiorizado que Bildu y ETA son dos cosas distintas» (EL CORREO 6/6/12).

Los partidos democráticos víctimas de semejante injusticia han contribuido a generar tan negativa situación tras padecer las amenazas de quienes hoy son recompensados por los electores. Es necesario recordarlo para intentar evitar el peor de los escenarios para PSE y PP después de mantener incoherentes posturas hacia los representantes políticos de ETA que les han costado la pérdida de confianza del electorado. Además es preciso destacarlo porque tras los comicios será necesario hacer frente a un escenario en el que quienes aún legitiman el asesinato –aunque no lo propugnen actualmente– habrán recibido un aval que a buen seguro instrumentalizarán para consolidar la peligrosa impunidad política y moral que su éxito electoral revela. En contra de lo que el jesuita José María Tojeira recomendaba para contextos de violencia, «se ha convertido en protagonistas de la paz a aquellos que crearon víctimas». Como resultado, la sociedad les premia una vez que algunos políticos, medios y formadores de opinión han facilitado una impunidad que representa la peor forma de corrupción política.

Pese a que diversos políticos y periodistas han destacado que la legalidad de Bildu no convertía en demócratas a los socios de ETA, estos han visto cómo se les eximía de las responsabilidades que debían asumir por su apoyo al terrorismo durante décadas. Como ha escrito Florencio Domínguez, «sus portavoces han acaparado espacios en los medios que para sí quisieran muchos de los demás partidos». Se les ha ofrecido un útil instrumento para rehabilitar su imagen, consiguiendo que su asociación con el terrorismo no les perjudicara, sino todo lo contrario. Se ha eludido el imprescindible cuestionamiento de los radicales al que su trayectoria obligaba, trasladándose por el contrario que su crecimiento electoral garantizaría la disolución de una banda a la que ni condenan ni deslegitiman. Sin embargo, escaso interés muestran en disolver ETA, cuya existencia les permite presentarse ante la sociedad como garantes de la hipotética desaparición de la amenaza latente.

Hasta el ministro del Interior les exime de responsabilidades asumiendo que «el cese de ETA es irreversible (EL CORREO 22/7/12). Tan imprudente declaración contrasta con el criterio de Policía y Guardia Civil, que han advertido que la decisión tomada por ETA en 2011 está pendiente de confirmación mientras se debate entre las bases del movimiento terrorista. Esa falta de rigor favorece el lavado de imagen de los radicales que se ven legitimados para exigir al Gobierno que «dé pasos en este nuevo tiempo».

Idéntica actitud adopta un lehendakari defensor de legalizar al brazo político de ETA, pese a su evidente déficit democrático, y de un dirigente terrorista como Otegi justamente condenado. Otros destacados socialistas han insistido en ensalzar a los responsables de que la violencia se haya mantenido durante décadas estimulando a los electores a descriminalizar a criminales que son presentados como comprometidos pacifistas y, por tanto, merecedores del voto.

A menudo socialistas y populares tratan a los representantes de ETA como si fueran verdaderos demócratas amparándose en que la legalidad así lo exige. Relativizan así las exigencias propias de una democracia que debe penalizar a quienes carecen de la necesaria legitimidad para participar en plenitud de derechos mientras sigan sin deslegitimar el terrorismo. No se ha favorecido de ese modo una reconversión de los radicales en demócratas, sino que se les ha permitido su entrada en el sistema en condiciones idóneas para subvertirlo. Un ejemplo revela los peligros de tan injusta integración. El 12 de junio Martín Garitano asistió a los premios en memoria de Joxe Mari Korta. Las imágenes del evento mostraban a sonrientes dirigentes del Partido Popular departiendo amigablemente con Garitano, brindándole las credenciales de demócrata de las que carece quien no tiene la dignidad de condenar el asesinato del empresario vasco, ni de los compañeros de partido de aquellos, ni del resto de las víctimas de ETA. Con ese complaciente trato y tan macabra presencia explotada por Bildu se escenificaba un empate moral que ahora los electores validan: ha dado lo mismo asesinar que haber sido asesinado.

Políticos que prometen un final del terrorismo sin olvido actúan sin embargo como si ETA fuera invisible facilitando que el pasado quede clausurado de facto. Pero las dramáticas consecuencias del terror persisten, como ejemplifica un hecho significativo: Pilar Ruiz, madre de Joseba Pagaza, ha dejado su hogar en Euskadi entristecida porque los asesinos de su hijo gobiernan hoy su ciudad fingiendo ser impecables demócratas. En palabras del abogado chileno Roberto Garretón, «una sociedad fundada en el olvido, el temor, la mentira y la impunidad, no será nunca una sociedad sana y su convivencia no será jamás plenamente democrática». ¿Cómo será la sociedad vasca?