LA LARGA dictadura del terror etarra no concluyó hace tanto, ni son tan remotas las negociaciones opacas que se mantuvieron para acelerar su final. Si fueron opacas es porque se sabía que resultaban inaceptables para la opinión pública. Pero los españoles tienen derecho a saber lo que sus representantes hicieron durante la etapa en que el Gobierno de España trató de apresurar la derrota de ETA no por medios exclusivamente policiales sino sirviéndose de atajos políticos y judiciales. A esa necesaria transparencia contribuye la decisión de la Audiencia Nacional de levantar el secreto de sumario de las actas que recogen la negociación entre la banda terrorista y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo que hemos conocido resulta preocupante.

Porque, tras los atentados de la T-4 que costaron la vida a Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate y que dinamitaron la farsa de aquella tregua, Zapatero no solo no rompió los contactos sino que los redobló. ETA dirigió en febrero de 2007 un comunicado al presidente del Gobierno para manifestar su voluntad de reemprender el diálogo y la necesidad de establecer un acuerdo político. En mayo de 2007 llegó la respuesta: un plan de Estatuto único para Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra con el apoyo del PSOE, el PSE y el PSN. Esa propuesta partió del propio Gobierno, abierto como se ve a formular concesiones políticas ante la banda criminal.

Fue Jesús Eguiguren –el mismo que acaba de considerar a Josu Ternera un «héroe de la retirada»– quien representó al Gobierno en aquella mesa indigna donde se llegó a plantear la transferencia de competencias ejecutivas y legislativas, previa reforma de los estatutos del País Vasco y Navarra. Nada de esto se llevó a término, pero en la entrega que publicamos hoy damos a conocer otras exigencias de ETA: la legalización de Batasuna, el cese de las detenciones o la libertad de De Juana Chaos. Según las actas, el Gobierno prometió a la banda que trabajarían para que se declarase inconstitucional la doctrina Parot, finalmente tumbada en Estrasburgo gracias en buena medida a la oscura labor del juez Luis López Guerra, uno de los ponentes de la resolución de 2012 que acabaría abriendo las cárceles a numerosos etarras afectados por dicha doctrina. También fue legalizada la izquierda abertzale. Y se excarceló a De Juana.

Debemos celebrar que la derrota de ETA se haya consumado sin contrapartidas políticas. Pero hubo cesiones en materia penitenciaria y arreglos judiciales que hieren la memoria de las víctimas. Leer las conversaciones textuales entre un terrorista y un representante del Estado provoca escalofríos. Aún hay centenares de crímenes sin resolver y pistoleros huidos, y sobre todo hay una verdad unívoca y no equidistante sobre el terror que ha ensangrentado las calles de Euskadi y de toda España durante medio siglo. Y esa verdad ha de ser preservada y difundida.