ABC 03/08/15
EDITORIAL
· Nadie debe llamarse a engaño si a partir de hoy el Gobierno pone en marcha los mecanismos legales para frenar cualquier acto ilegal o inconstitucional
EL presidente de la Generalitat, Artur Mas, firmará hoy la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 27 de septiembre. Serán los terceros comicios desde 2010, lo que da muestra de la inestabilidad en la que se encuentra instalada Cataluña por culpa de la obsesión separatista de Artur Mas y sus socios. Estas elecciones son convocadas como una trampa política, otra más, para los catalanes. Legalmente solo serán unos comicios para elegir a los integrantes del Parlamento catalán, que, a su vez, designarán al presidente de la Generalitat, pero este no podrá ser Raúl Romeva –cabeza de lista por Barcelona–, sino el número cuatro de la candidatura, Artur Mas. Políticamente, el Gobierno catalán quiere que sean unas elecciones «plebiscitarias» por la independencia, pero la independencia nunca podrá ser el resultado de estos comicios, porque el Estado lo impedirá. Por tanto, Artur Mas consumará hoy otro más de los fraudes constitucionales y políticos que están llevando a Cataluña a la división interna. Nadie debe llamarse a engaño si el Gobierno de Rajoy pone en marcha los mecanismos legales para frenar cualquier acto ilegal o inconstitucional. Ya se hizo con el 9-N y no quedará más remedio que volver a hacerlo, porque ni Rajoy ni ninguna autoridad del Estado tienen discrecionalidad a la hora de defender la soberanía nacional de España.
Pese a lo absurdo del movimiento político de Artur Mas con esta convocatoria anticipada de elecciones, el PSOE le ha regalado el protagonismo de la reforma constitucional que quiere promover para, según dicen, frenar el separatismo en Cataluña. Este análisis socialista sobre la cuestión nacionalista es un error de fondo porque hace culpable a la Constitución de 1978 de lo que está sucediendo en Cataluña, como si lo que demandara el frente separatista liderado por Artur Mas fuera otra Constitución española, cuando lo que sucede es que no quiere ninguna. Los socialistas deberían recordar su responsabilidad histórica por haber azuzado el secesionista en Cataluña. Fueron ellos los que promovieron la reforma estatutaria en 2003 y los que llevaron a ERC al estrellato político. Y fueron los socialistas los que pactaron con Artur Mas un Estatuto confederal que el Tribunal Constitucional tuvo que desactivar. El mejor aliado de Artur Mas no es Rajoy, como ha dicho a la ligera Pedro Sánchez, sino el PSOE, al que debe el favor histórico de haber llevado a la izquierda socialista a una política filonacionalista de la que no se apea.
La mejor solución al desafío separatista de Artur Mas, al margen de medidas judiciales y constitucionales, es que en el Parlamento catalán no haya una mayoría separatista el 27-S. Pero si la hay solo Mas será responsable de lo que pase.