HAY QUE recurrir a la célebre formulación acuñada por Zygmunt Bauman a finales de los 90 –la «modernidad líquida»– para entender la negociación in extremis entre el Gobierno y el PNV que ha salvado el último escollo para aprobar los Presupuestos Generales. Como bien reflejó el sociólogo polaco, éstos son tiempos de valores flexibles y volubles. Y el político es un terreno especialmente líquido en el que los principios fluyen demasiado rápido. Así, en Moncloa sostenían hasta anteayer que era imposible subir todas las pensiones lo mismo que el IPC, tachando la petición de «populismo letal» que pondría en riesgo el sistema mismo. Pero la necesidad del disputado voto del nacionalismo vasco ha obrado el milagro, y pelillos a la mar. Tampoco quedan incólumes los principios del PNV. Después de meses advirtiendo al Gobierno de que se olvidara de su apoyo mientras estuviera vigente el 155 en Cataluña, al final han ejercitado su característico funambulismo pragmático y no han podido privarse de las millonarias dádivas para el País Vasco que incluyen estas cuentas.

Digámoslo claro. La aprobación de los Presupuestos es una buena noticia, porque es imprescindible para apuntalar la estabilidad política y la gobernabilidad en España en un momento de tantas turbulencias. En ese sentido, Rajoy ha hecho de tripas corazón y se garantiza prácticamente poder completar toda la legislatura. Ahora bien, más allá de las comprensibles transacciones entre partidos para sellar acuerdos, los Presupuestos son el principal instrumento político y deben servir al interés general, con realismo, oportunidad y rigor. Y hay cuestiones como las pensiones que debieran quedar fuera del cambalache político –nadie parece acordarse ya del Pacto de Toledo–, y mucho menos servir como moneda de cambio para obtener el plácet a las cuentas. La negativa de un partido como el PSOE a negociarlas también contribuye a esta sinrazón.

El cortoplacismo es uno de los males que aquejan hoy a la política. Y no lo ha esquivado el Gobierno, que con su cambio de postura sobre las pensiones renuncia a su reforma de 2013 y aplaza hasta 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad. Se neutralizarán así las manifestaciones del importante colectivo de jubilados, pero se vuelve a aparcar la urgente necesidad de acometer una profunda revisión que garantice a medio plazo la sostenibilidad del sistema. Por no hablar de que los casi 2.000 millones que supone la subida de pensiones nos alejan más aún del cumplimiento del objetivo de déficit. El Gobierno dice ahora que nos podemos permitir estas alegrías por la mejoría en las previsiones de recaudación. Pero ahí está, como baño de realidad, el mal dato de la EPA: 29.400 nuevos parados. Rajoy siempre ha defendido la necesidad de la consolidación económica, pero ahora podría pensarse que el verdadero objetivo es la supervivencia.