La entrada irregular en Ceuta de más de 8.000 personas en pocas horas no es una crisis migratoria, sino un inaceptable pulso estratégico que Marruecos ha echado a España, ante el que resulta necesario responder con máxima unidad y firmeza. El desafío, el más grave desde el episodio de la isla de Perejil en 2002, es intolerable, entre otras cosas porque utiliza irresponsablemente, poniéndolas en riesgo, a personas desfavorecidas (entre ellos muchos menores) como instrumentos para afirmar intereses políticos. Al margen de declaraciones oficiales, es evidente que las llegadas responden a la decisión de las autoridades marroquíes de aprovechar la hospitalización por covid en España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, como ocasión para elevar la presión sobre el Gobierno español. Rabat busca satisfacer una serie de intereses, siendo el principal el reconocimiento de la soberanía sobre el Sáhara Occidental, como hizo Donald Trump en los estertores de su mandato.

Ante este escenario, España y la UE harán bien en dejar claro por los canales pertinentes que episodios de esta clase no avanzarán ni un milímetro los intereses marroquíes, ni en la cuestión saharaui ni en la de las ayudas económicas. Al contrario, provocan un serio desprestigio internacional. Acertó el presidente Pedro Sánchez en advertir con gravedad a Rabat de que la integridad territorial de Ceuta y Melilla será defendida “en todo momento, bajo cualquier circunstancia y con todos los medios necesarios” y en desplazarse a la zona. Fue adecuado también el explícito respaldo de autoridades europeas, y muy importante el contacto telefónico entre Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado. Es de esperar que el Partido Popular no utilice este grave episodio para desgastar al Ejecutivo. No cabe esperar tal cosa de la ultraderecha de Vox, que no dudó ni un momento en utilizar un contraproducente lenguaje incendiario, pero sí de la principal formación conservadora.

Gobiernos españoles de distinto color han gestionado la relación con Marruecos de forma similar. Se trata de una política de Estado, fundamental por muchas razones, entre ellas la gestión de los flujos migratorios, la cooperación en la lucha antiterrorista y una creciente imbricación económica mutuamente beneficiosa. Esta no debería ser objeto de pugna partidista.

La hospitalización por razones humanitarias de Gali es una decisión soberana de España. Podría haberse ejecutado de forma más transparente. Puede entenderse que no guste a las autoridades marroquíes, pero de ninguna manera justifica una represalia como la realizada en Ceuta. Rabat no lo ha explicitado, pero la embajadora marroquí en Madrid ha llegado muy cerca, al afirmar que “hay actos que tienen consecuencias”. La iniciativa de Ceuta va en línea con un creciente envalentonamiento marroquí después del desafortunado reconocimiento de la soberanía de Rabat sobre el Sáhara por parte de Trump, sin base ninguna en el derecho internacional, y motivado por el deseo de amarrar una nueva normalización de relaciones de un país árabe con Israel. Cabe señalar la presión diplomática ejercida recientemente por Marruecos ante Alemania. Joe Biden no lo tiene fácil para dar marcha atrás, aunque esta sería la decisión correcta. En cualquier caso, debería tomar buena nota de las maneras de Rabat, y manifestarle su parecer al respecto.

Es necesario ahora gestionar con eficacia los aspectos logísticos del desafío, entre otras cosas para garantizar los derechos de los menores en el proceso de devoluciones y evitar riesgos de propagación del virus en Ceuta. Las autoridades marroquíes parecían ayer decididas a evitar una escalada del incidente. Pero el Gobierno tendrá que mejorar los dispositivos para afrontar posibles nuevas provocaciones parecidas. En conjunto, firmeza y unidad —en España, y en la UE— son la clave para reconducir la situación y dejar claro a Rabat que una cooperación leal es la mejor opción.