EL MUNDO 23/11/13
· Presenta un enmienda al Código Penal para que los etarras no puedan ser docentes
Unión del Pueblo Navarro (UPN), la formación que ha planteado al Gobierno la necesidad de un cambio en la ley para impedir que condenados por delitos de terrorismo, pederastia o xenofobia puedan ejercer la docencia, tratará de buscar un acuerdo parlamentario en torno a este asunto con PSOE y UPyD, tras tener asegurado el respaldo del PP.
El diputado de UPN en el Congreso, Carlos Salvador, se reunirá en los próximos días con representantes de las dos fuerzas políticas para que apoyen su enmienda de reforma del Código Penal encaminada a conseguir la inhabilitación para ser profesores a los condenados por estos delitos.
En estos momento, el Congreso tramita una modificación del Código Penal, en periodo además de presentación de enmiendas. Con el sí a su propuesta del Ministerio de Interior, después de entrevistarse con los secretarios de Estado de Justicia y de Interior, el objetivo ahora es encontrar la mejor vía legal para establecer una nueva regulación. Salvador aseguró ayer que está abierto a «propuestas» de otros grupos.
De hecho, el parlamentario también pretende explorar la vía puramente educativa. La próxima semana tiene previsto un encuentro con el subsecretario del Ministerio de Educación para ver si es posible poner algún tipo de límite al acceso a la función docente.
Todo este debate se ha producido a raíz de que un informe de la Guardia Civil asegurara que un 5% de profesores del sistema público y un 26% de los que ejercen en ikastolas en Navarra tienen vinculación con la izquierda abertzale. UPN e Izquierda Plural han pedido la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que explique el contenido de este documento, aunque por diferentes razones. Los navarros quieren de este modo alimentar la discusión sobre quién puede ser educador. Máxime cuando, según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «estamos ante una estrategia clara de los ideólogos de ETA para legitimar la actuación de la banda en los últimos años». Izquierda Plural, por contra, quiere saber del ministro de dónde ha salido el informe y quién lo ha encargado.
La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, en una entrevista en RNE recogida por Efe, avanzó que a nivel autonómico revisará el Estatuto de la Función Pública para regular el acceso de estas personas a la docencia. Se trata, dijo, de «tomar decisiones que nos hagan tener un futuro mejor».