Los morados también llamaron «impresentable» a Hernández de Cos y confesaron sentir «mucha vergüenza» por el informe en el que el BdE alertaba del riesgo para la economía de un aumento del salario mínimo desconectado de la realidad del mercado laboral español, pero sobre todo de sus desorbitados costes. Unos costes que el Estado, a falta de competencia, impone a su mercado cautivo como haría cualquier otro monopolio.

Desde aquella exigencia parlamentaria de gorrazo y tentetieso no ha pasado semana sin que desde el entorno del Gobierno se haya arremetido contra los economistas y las instituciones que desmontan el relato voluntarista de la Moncloa sobre la economía. Y entre estos, el BdE y el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero también economistas con nombre y apellido.

La cercanía de las elecciones andaluzas, quizá también de las valencianas, y la próxima aparición en el horizonte de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 han exacerbado esos ataques. Porque hoy el PSOE pretende venderse como un partido capaz de generar riqueza y no sólo de redistribuirla, a pesar de que los datos no confirman esa afirmación.

Hace dos semanas, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, afirmó que el análisis del BdE sobre el sistema público de pensiones carecía de «sofisticación». El informe recomendaba mecanismos automáticos de ajuste que el ministro que menos simpatía despierta entre las organizaciones empresariales considera que han sido «un fracaso abrumador». ¿Un fracaso en comparación con los mecanismos actuales, que han conducido el sistema a un callejón sin salida?

La CEOE también ha solicitado un nuevo factor de sostenibilidad para unas pensiones que las matemáticas demuestran insostenibles. Pero la respuesta del Gobierno ha sido la de anunciar subidas ligadas a un IPC disparado y que serán financiadas con un incremento de los impuestos. Es decir, exactamente lo contrario de lo que recomiendan aquellos actores económicos que no dependen de los votos para su supervivencia.

El Gobierno también ignoró en marzo de 2022 las advertencias del BdE sobre la rebaja a los carburantes. Mientras el BdE defendía ayudas selectivas centradas en los colectivos vulnerables, el Gobierno prefirió bonificar a todos los consumidores, independientemente de su nivel de renta, con 20 céntimos por litro de gasolina. «Nosotros no podemos pedirle al gasolinero que le pida la nómina a sus clientes» dijo Nadia Calviño. ¿Cómo determina entonces el Gobierno qué ciudadanos merecen ayudas sociales si no tiene acceso a su nivel de renta?

Tan habituales son las críticas al Banco de España que es probable que muchos españoles crean que las siglas BdE son las de un nuevo partido político de extrema derecha. Los informes del BdE se desacreditan por proceder de quién proceden (la vieja falacia ad hominem), por «adoptar una postura política» o por no compartir el entusiasmo por esa sospechosa buena marcha de un paro que evoluciona en sentido contrario a la mala marcha del resto de la economía.

Los ataques en prensa contra el BdE se han multiplicado durante los últimos meses. El Banco de España vuelve a engañar a los españoles decía el diario Público en junio de 2021. El Banco de España ya está en campaña decía eldiario.es en octubre. En billetes y sin recibo: el gran negocio de tres inspectores del Banco de España con la formación de opositores, en el mismo diario, el mismo mes.

También los sindicatos han arremetido contra el BdE. En abril de este año, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acusó al BdE de «irrumpir fuera de tiempo en los debates de nuestro país» al rebajar las previsiones de crecimiento del Gobierno (que ya por aquel entonces se habían demostrado erróneas). Hace un mes, CCOO acusó al BdE de «dedicarse a plantear alternativas de qué es lo que tiene que hacer este país».

El INE es otro de los blancos habituales del entorno del Gobierno.

Un medio cercano a Moncloa ha sostenido repetidamente que el INE «calcula mal tanto el PIB como la inflación». No lo calculaba mal cuando las cifras favorecían al Gobierno y ese mismo medio las daba por buenas.

Una periodista del entorno socialista hablaba hace poco en Twitter del boyante estado de la economía y achacaba la percepción negativa de los españoles sobre sus finanzas a su genética de natural derrochadora y fiestera. Es sólo una anécdota, pero representativa de ese huidaparadelantismo en el que algunos parecen enfrascados. Si las cifras son malas, es porque están siendo mal calculadas. Y si están bien calculadas, entonces la culpa es de los españoles, por insensatos.

Todo menos girar la vista hacia el castillo del conde.

El crecimiento de la economía declarada a Hacienda dobla en 2022 el del PIB publicado por el INE titulaba hace poco un medio que también hablaba del «extraordinario vigor de la recuperación económica iniciada en el verano de 2021». Como en la granja de George Orwell, el problema no lo tienen los gestores de la granja, sino aquellos de sus animales incapaces de percibir las ventajas del edén económico en el que moran.

De los ataques a dos de las instituciones más rigurosas de este país (a las que habría que añadir la AIReF) se ha pasado, durante los últimos días, a una caza de brujas en primera persona como la sufrida por el colaborador de EL ESPAÑOL Daniel Lacalle.

A Lacalle se le ha acusado, literalmente, de «plagiarse a sí mismo» en su tesis doctoral. Un argumento que se desechó como «hilarante» y «ridículo» en el caso de la tesis de Pedro Sánchez.

El objetivo ya no es desacreditar la realidad de unos malos datos económicos con argumentos políticos peregrinos, sino destruir la reputación de aquellos economistas que contradicen el relato triunfalista del Ejecutivo. Para qué utilizar un bisturí cuando tienes en tus manos un martillo que sería la envidia de Thor, el dios del trueno.

Llegados a este punto en el que hasta las matemáticas son sospechosas, se impone una solución salomónica. De la misma forma que en 1492 se expulsó a los judíos de España con el edicto de Granada, debería expulsarse hoy de nuestro país, mediante un nuevo edicto de Granada 2.0, a todos los economistas cuya calculadora financiera arroje resultados contrarios a los intereses del Gobierno.

Tras dicho nuevo edicto de Granada, y en apenas 24 horas, a imagen de esa reforma laboral que ha producido resultados milagrosos a mayor velocidad que cualquier otra medida similar en 40 años de democracia, los españoles veríamos la inflación desaparecer en el éter, el PIB crecer hasta baremos chinos y el mercado laboral alcanzar el pleno empleo. O al menos eso es lo que nos dirían las televisiones sin nadie que planteara «alternativas» o pidiera la palabra para recordar incómodas evidencias.

En este país, en fin, no se atan los perros con longanizas porque el BdE, el INE y los economistas las quieren todas para ellos.