Las excusas que pudieron justificar parcialmente en su momento la tardía e improvisada reacción de las instituciones a la irrupción de la pandemia no sirven para cubrir las torpezas acumuladas en la respuesta a la segunda ola, que volvió a cogerlas desprevenidas, ni mucho menos su repetición al encarar una tercera. Si alguna constante se mantiene en los siete meses transcurridos desde el confinamiento en todo el país es la reiterada actuación de los gobiernos a remolque de los acontecimientos, sin anticiparse en ningún momento a ellos. Incluso ni cuando, con el paso del tiempo, los notables avances en el conocimiento del virus deberían adelantar la adopción de medidas ante un agravamiento de la crisis epidemiológica sin esperar a que este se produzca con toda su crudeza.

Será discutible si las nuevas restricciones a la vida social anunciadas por el Gobierno vasco, que rechaza confinamientos perimetrales como los que se extienden por las zonas más afectadas de otras comunidades, resultan proporcionales al acelerado deterioro de la situación. No lo es, en cambio, que la inquietante propagación del Covid en Euskadi exige intervenir con la máxima urgencia. De ahí que, aun cuando existan razones jurídicas para ello, resulte inexplicable que las acciones acordadas el pasado sábado por los principales responsables de nuestra comunidad no hayan entrado aún en vigor. Y que no vayan a hacerlo en varios días, mientras la cifra de contagios se desboca y aumentan las hospitalizaciones.

El Departamento de Salud no envió hasta ayer al Tribunal Superior la orden que recoge la prohibición de reuniones de más de seis personas para que, en su caso, la avale antes de ponerla en marcha al estar en juego derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. De entre todas las opciones a su alcance -incluidas una consulta previa o la publicación inmediata de las acciones que no requieren ese paso-, la elegida es la que más dilatará su aplicación a pesar de que los datos difundidos por Osakidetza empujan a intervenir sin la más mínima demora. La necesidad de mecanismos legales para contener el virus con seguridad jurídica sin necesidad de recurrir al estado de alarma queda una vez más de manifiesto. Máxime ante una emergencia sanitaria que se prolongará durante meses, como advirtió ayer el lehendakari, y cuya erradicación exige un compromiso cívico por parte de toda la ciudadanía.