EL CORREO 24/08/13
· El lehendakari confía en que el acuerdo fiscal con el PSE y la mejora de la recaudación allanen la elaboración del Presupuesto.
El lehendakari Iñigo Urkullu se dará un mes desde que concluya, el próximo 20 de septiembre, el plazo fijado para que los grupos parlamentarios presenten sus aportaciones al plan de paz y convivencia redactado por Jonan Fernández para pulirlo, incorporar los retoques que considere oportunos y, por fin, presentar y aprobar el texto definitivo. El Gobierno vasco tiene previsto, por lo tanto, cerrar el documento final el 20 de octubre, con la esperanza de lograr un consenso de mínimos entre las distintas sensibilidades políticas que no aboque el plan de paz al fracaso, convertido en una mera iniciativa de parte que carecería, en ese caso, de la solidez necesaria para cimentar las bases de la convivencia entre vascos en una Euskadi sin ETA.
El Ejecutivo, según fuentes de la Presidencia vasca, no ha recibido aún ninguna propuesta concreta de los grupos de la oposición, que sí han trasladado en público, en cambio, sus objeciones a la iniciativa impulsada por Fernández. Es más, el PSE, la formación que, a priori, podría estar más cercana a los planteamientos del Ejecutivo, se ha mostrado muy crítico y ha exigido a Urkullu que «rehaga» el plan para eliminar «ambigüedades», evitar «equiparaciones entre víctimas» y elevar el listón de la «exigencia» a la izquierda abertzale para que asuma su responsabilidad al justificar en el pasado los crímenes de ETA. En el Gobierno no prevén contar con las enmiendas formales hasta el fin del plazo y de ahí que tengan previsto darse un mes para tratar de alumbrar un texto que concite el mayor grado de acuerdo posible.
No obstante, según los mismos medios, Urkullu es plenamente consciente de las dificultades de alcanzar un consenso en torno a la convivencia en Euskadi si ETA no da antes pasos definitivos que allanen el camino. En ese sentido, en el entorno del lehendakari están convencidos de que solo una disolución definitiva e incondicional de la banda terrorista impulsaría un verdadero salto cualitativo en el debate político y permitiría que los grupos fueran flexibilizando sus posiciones de partida. Porque, según creen, el gesto con que se ha especulado durante todo el verano en círculos políticos –un desarme simbólico– no logrará hacer girar los discursos de la izquierda abertzale y del PP y, según temen, tampoco del PSE. Cualquier paso – sea la entrega de un listado de zulos o algo similar– que no pueda considerarse irreversible, creen, será recibido con cautela o con abierto escepticismo.
En todo caso, en el Gobierno vasco no tienen duda de que habrá movimientos importantes en el flanco de la paz, uno de los retos clave que deberá encarar Urkullu en un otoño que, fiel al tópico, su equipo prevé «caliente» e intenso. En la Lehendakaritza no olvidan que los verificadores internacionales dieron a ETA un ultimátum para otoño y marcan también en rojo en el calendario los días 10 y 11 de octubre, la fecha en la que el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, ha anunciado una conferencia de alcaldes por la paz que comunicó personalmente a Urkullu en julio. El lehendakari, que no asistirá porque esa semana hará su primer viaje oficial fuera de la Unión Europea –visitará Nueva York, Washington y Milwaukee– y su equipo no ponen ‘peros’ al foro, a la espera de conocer sus contenidos concretos. En privado, los jeltzales barruntan la posibilidad de que la izquierda abertzale, como ya hizo en Aiete, pretenda utilizar el encuentro para multiplicar el eco de cualquier gesto de ETA e impedir que nadie más «rentabilice» los eventuales movimientos de la banda.
Para entonces, el lehendakari Urkullu habrá encarado ya su primer debate de política general, el 26 de septiembre, al que espera llegar con un acuerdo fiscal cerrado entre el PNV y el PSE, que le permitiría afrontar el escrutinio parlamentario con mayor tranquilidad. Jeltzales y socialistas tienen previsto reunir a sus comisiones políticas a principios de septiembre y, si las negociaciones marchan según lo previsto, cerrar entonces el pacto para reformar el sistema impositivo vasco.
Esos nuevos ingresos repercutirían positivamente en las previsiones del Consejo Vasco de Finanzas, previsto también para octubre, otra cita clave para Urkullu en su intensa ‘reentré’. Pero además, el lehendakari, que el pasado jueves proclamó que «las aguras de la crisis están
controladas» y es posible mirar al futuro «con esperanza», confía en que la recaudación de las haciendas forales hasta agosto le dé un respiro importante. Esa cifra es especialmente significativa porque para entonces ya se habrán liquidado los tributos procedentes del IRPF y de las pequeñas y medianas empresas y, si se confirma la mejoría certificada en julio en Bizkaia y Gipuzkoa, con incrementos del 3,1% y del 4,7% respectivamente, Urkullu podrá contar con un colchón algo mayor a la hora de elaborar los Presupuestos de Euskadi para 2014.
Reparto del déficit
Un pacto con el PSE encarrilaría, sin duda, la aprobación de las cuentas y al Gobierno vasco le quedaría intentar rascar una décima más en el reparto asimétrico del déficit para llegar al 1,3%. La decisión de Mariano Rajoy, según lamentan en Ajuria Enea, de «premiar» a las comunidades autónomas menos cumplidoras ha dejado a Euskadi –por el momento y a la espera de un eventual acuerdo con Madrid– en el 1,2%. Un reparto algo más generoso permitiría al Gobierno vasco –que se reunirá por primera vez tras el verano el próximo jueves en el Palacio de Miramar de San Sebastián– cerrar con más holgura el acuerdo interinstitucional por el que las diputaciones dispondrán de 180 millones para invertir en la ejecución de distintos proyectos en sus territorios.
La puesta en marcha de la ponencia de duplicidades, que obligará al Gobierno a elaborar un informe sobre las disfunciones en la Administración vasca comprometido ya entre PNV y PSE, y la apertura del foro parlamentario sobre autogobierno, que pese a ceñirse a los grupos de la Cámara podría convertirse en un foco de polémica incómodo, completan el abanico de ‘pruebas’ que Urkullu deberá superar en un nuevo curso especialmente intenso en lo político.
EL CORREO 24/08/13