EL CORREO 25/01/13
· La comisión de expertos que encabeza Ram Manikkalingam prepara una cita con los partidos en febrero, antes del congreso de Sortu.
Iñigo Urkullu dará rango de oficialidad a la línea directa de contacto que mantiene desde hace un par de años con la Comisión Internacional de Verificación (CIV). El lehendakari tiene previsto reunirse con el grupo que encabeza Ram Manikkalingam cuando éstos se lo soliciten, han confirmado a este periódico fuentes del Gobierno vasco. El CIV está ultimando estos días la convocatoria de una reunión de todo el grupo con partidos y agentes sociales vascos para mediados de febrero. Según ha podido saber EL CORREO, el encuentro pretende celebrarse antes de que Sortu celebre su congreso fundacional el sábado 23 de febrero, aunque la fecha exacta no se ha cerrado aún.
La postura de Urkullu supone un cambio respecto a la línea seguida por el anterior Ejecutivo del PSE. El Gabinete socialista también mantuvo una línea directa de contacto, pero esa tarea recayó en el por entonces consejero de Interior, Rodolfo Ares, que se citó en un par de ocasiones con Manikkalingam, siempre de forma discreta. La llegada de Urkullu a Ajuria Enea supondrá así un salto en el estatus de la Comisión de Verificadores, que tendrá como interlocutor directo a partir de ahora al jefe del Ejecutivo autónomo.
De hecho, durante su etapa como presidente del PNV, Urkullu fue uno de los más firmes apoyos del CIV. El burukide allanó, en primera persona, el camino para que los miembros del grupo internacional pudieran reunirse con sindicatos y representantes de la Iglesia vasca. Los propios verificadores reconocieron en septiembre de 2011 ese papel del dirigente jeltzale: «Sin Urkullu no hubiéramos empezado con este proyecto. Ha actuado con mucha valentía a nivel personal y político para él», confesaba Manikkalingam en una entrevista a este periódico.
Las futuras reuniones entre el colectivo internacional encargado de velar por el fin de ETA y el lehendakari se desarrollarán, no obstante, «de forma discreta», alejadas de los focos de la prensa. Las fuentes consultadas en el Gobierno vasco, que insisten en que no hay ninguna reunión cerrada, reconocen que Urkullu se citará con los verificadores siempre que «haya ocasión» y que el Ejecutivo autónomo no cerrará la puerta a «a quien esté trabajando con rigor en el tema de la paz». Siempre «desde la discreción».
El papel del Parlamento
Como ya informó este periódico a finales de noviembre, el CIV es el único colectivo que todavía es bien visto por el PNV. Tanto el Grupo Internacional de Contacto (GIC) de Brian Currin como los promotores de la Conferencia de Aiete, representados por el exjefe de Gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, han perdido mucho crédito para la dirección jeltzale. En Sabin Etxea reconocen su labor y están dispuestos a reunirse con estos dos colectivos todas las veces que sea necesario, pero los consideran ‘quemados’ y con unas posturas muy próximas a la izquierda abertzale. Consideran «más profesional» la labor de la Comisión Internacional de Verificación.
De hecho, en sus primeras intervenciones públicas tras las elecciones autonómicas de octubre, Urkullu ya mostró su voluntad de trasladar al Parlamento vasco el diálogo entre partidos sobre paz y normalización social de Euskadi. El actual lehendakari agradeció entonces el trabajo de la Conferencia de Paz celebrada en Aiete en octubre de 2011, pero abogó por que sea la Cámara de Vitoria la que aborde ahora las cuestiones relacionadas con la disolución de ETA, la situación de los presos y el reconocimiento de todas las víctimas. Algo que, entiende el dirigente jeltzale, es posible una vez que la izquierda abertzale está representada en el Legislativo con plenos poderes.
La Comisión de Verificadores, sin embargo, ha centrado su labor en certificar el fin de ETA y en propiciar que la banda diera nuevos pasos. Sin apelaciones a los gobiernos central o vasco. El grupo, que ya exigió que los etarras se muevan por Francia «sin pistolas», no vería con malos ojos algún gesto de la banda relacionado con sus arsenales de armas.
EL CORREO 25/01/13