Urkullu dice que ETA y quienes la apoyan tienen «una deuda» con la sociedad

El Gobierno vasco lanzó ayer un duro alegato contra el terrorismo practicado por ETA y contra quienes lo justificaron y lo consideraron «lícito». «Tienen una deuda política con la sociedad: reconocer la iniquidad de esta mentalidad y la injusticia que la misma provocó», proclamó el Ejecutivo autónomo en una declaración institucional leída por el propio lehendakari, arropado por todos sus consejeros, para homenajear a Fernando Buesa, de cuyo asesinato se cumplirán mañana quince años.

El acto también sirvió para reconocer a Jorge Díez, escolta del que fuera dirigente socialista y vicelehendakari, fallecido en el mismo atentado, y a José Ramón Recalde, también del PSE y consejero con José Antonio Ardanza, víctima de otro atentado en el que resultó herido grave por parte de ETA el 14 de septiembre de 2001. Sucesos que «nunca debieron ocurrir» y que el Gobierno quiso denunciar de la manera más solemne posible, con una imagen, si no inédita, sí excepcional.

Porque pocas veces se ve a Iñigo Urkullu arropado por todos sus consejeros en la sala principal de prensa de la Lehendakaritza. Un gesto cargado de simbolismo con el que el Ejecutivo autónomo pretendía mostrar su rechazo y hartazgo hacia el terrorismo desarrollado por ETA durante los últimos cuarenta años recordando los atentados contra dos consejeros del propio Gobierno, «dos personas buenas que desde la defensa de sus ideales y convicciones dieron lo mejor de sí por su país, por el bien común y el interés general». Urkullu no ahorró elogios hacia los dos exdirigentes socialistas, «cuyo compromiso democrático hundía sus raíces en la lucha contra el franquismo» y cuyas heridas y muerte han servido para reforzar la «deslegitimación del terrorismo».

Fue un mensaje contundente, sin fisuras, contra una «estructura ideológica perversa que considera que matar a un semejante que piensa diferente es un medio legítimo para obtener fines políticos». Urkullu quiso evitar cualquier acusación de equidistancia con ETA o con la izquierda abertzale y dejó claro que tanto los «autores» de los crímenes como «quienes consideraron que esto era lícito tienen una deuda política con la sociedad».

Las palabras de Urkullu fueron un dardo dirigido directamente contra la izquierda abertzale y contra el discurso que mantuvo tanto cuando ETA cometía atentados como en la actualidad. Porque, para el lehendakari, el tiempo «pone las cosas en su sitio». «Hoy no hay ninguna duda de que el error no estaba en las imperfecciones del sistema democrático, sino en la pretendida pureza del dogmatismo que amparó y promovió el recurso sistemático al terrorismo», recordó Urkullu, quien subrayó que el «terrorismo en cualquiera de sus expresiones, la violencia y la vulneración de derechos humanos fueron posibles porque personas y grupos consideraron que la defensa de una convicción tenía más valor que la dignidad humana».

Pero más allá de los reproches hacia ETA y a quienes respaldaron su existencia, el texto leído por Urkullu también apostaba por «mirar al pasado de un modo autocrítico». Tras el atentado contra Buesa, hubo una multitudinaria manifestación de homenaje en Vitoria que acabó convertida en un acto de apoyo a Juan José Ibarretxe, entonces lehendakari, y abrió una de las mayores fracturas entre los nacionalistas y el PSE.

Autocrítica
En todo caso, la declaración institucional no aludía en concreto ni al Ejecutivo de la época ni al PNV. Básicamente, Urkullu considera de forma genérica que «las instituciones y las fuerzas políticas debemos compartir una reflexión crítica sobre lo que no se ha hecho», sobre lo que se ha hecho de «manera silente» o «tarde» o sobre «lo que nos ha dividido frente a lo que nos une del modo más real y auténtico: el rechazo a la violencia y la solidaridad con las víctimas».

Un esquema que Urkullu se esforzó en colocar en el pasado, porque en el futuro «ni una causa política o razón partidaria, ni ninguna otra certeza deben situarse como si fueran un valor absoluto por encima del valor de los derechos humanos, la persona y la vida».

El gesto del Gobierno fue respondido apenas unas horas después por la familia de Fernando Buesa a través de un breve comunicado. Los allegados del político asesinado ya estuvieron junto a Iñigo Urkullu el jueves en un acto en su memoria, al que también asistieron otros miembros de la política y la sociedad civil.

«Valoramos de forma positiva que se reconozca la trayectoria y la aportación social de José Ramón Recalde y de Fernando aunque sea quince años más tarde», recalcó la familia en un texto en el que no olvidó lo sucedido entonces. «Nos parece bien que se mencione la necesidad de hacer autocrítica porque en aquellos momentos el Gobierno no estuvo a la altura y no supo acompañarnos afectivamente a las familias. Esta declaración es un pequeño avance en el camino del reconocimiento y cercanía con las víctimas del terrorismo», aseguró la familia.