Urkullu emplaza a Bildu a hacer una «revisión crítica del pasado» para asentar la paz

Tras un verano plagado de especulaciones sobre un posible gesto de desarme de ETA, y mientras las expectativas depositadas en la ponencia de paz del Parlamento se desinflan por momentos ante la resistencia de la izquierda abertzale a asumir los «mínimos éticos» pactados por 73 de 75 parlamentarios la anterior legislatura, el lehendakari Iñigo Urkullu fijó ayer la bases que deben servir para seguir avanzando en la consolidación de la paz y la convivencia en Euskadi, uno de los principales objetivos estratégicos de su mandato. Y lo hizo con claridad y sin medias tintas, convencido de que el «nuevo tiempo» que vive Euskadi dos años después del cese de la violencia de ETA exige no solo la entrega de armas y la «disolución» definitiva de la banda terrorista, sino también «nuevos compromisos» en torno al «suelo ético» compartido en su momento por el PNV, PSE, PP y los parlamentarios expulsados de Aralar.
Unos compromisos que, para el lehendakari, en un claro emplazamiento a una izquierda abertzale enrocada en su discurso y que aún no ha admitido el error de justificar la violencia, pasan necesariamente por la «revisión crítica del pasado». «Habrá diagnósticos diferentes, sí, pero deben llevarnos a una conclusión común: la injusticia de la vulneración de derechos humanos», advirtió.
Las palabras del lehendakari son de suma relevancia por el momento en el que llegan, en vísperas de un otoño que se prevé clave para los avances en la pacificación, y porque emplazan directamente a una izquierda abertzale que ha llegado a pedir al PNV que margine al PSE, PP y UPyD de la estrategia de normalización y a la que el plan de paz de Jonan Fernández hacía guiños, sin embargo, para tratar de incorporarla al consenso. Si esta misma semana el jeltzale Joseba Egibar dejaba constancia de sus sospechas sobre el alejamiento de los socialistas de la ponencia de paz y les pedía «más implicación», Urkullu dejó claro ayer que la autocrítica respecto al pasado «es necesaria», una revisión de lo sucedido que debe abordarse «con absoluta crudeza». Junto a eso, pidió también compromisos con el «pluralismo» y la «normalización» que puedan desembocar cuanto antes en una «convivencia conciliada y vertebradora» entre vascos.
Ese fue uno de los mensajes centrales con los que el jefe del Ejecutivo, «optimista» pese a todo sobre la posibilidad de recorrer el tramo final del camino hacia la paz, quiso abrir ayer el nuevo curso político,
que, como es tradición, quedó inaugurado con el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones en el Palacio de Miramar de San Sebastián.

Presupuesto encarrilado
En una comparecencia ante la prensa de casi una hora –que siguió a un mes de agosto sin apenas discurso gubernamental– y tras ser recibido por las autoridades guipuzcoanas, de Bildu, en un clima de cortesía institucional, Urkullu desgranó los principales retos de su agenda para este otoño. De principio, el inminente pacto fiscal entre su partido y el PSE le permitirá afrontar con tranquilidad el Pleno de Política General –que, con toda probabilidad, se adelantará al 19 de septiembre– y «facilitará» la aprobación de los Presupuestos vascos para 2014. Según adelantó, las cuentas tendrán un marcado carácter «social» y podrían señalar, dejó caer, el inicio de la recuperación económica. «Espero que este 2013 sea el peor año de la crisis», ilustró, convencido de que la «concertación» con agentes sociales y políticos es el camino para volver a la senda del «crecimiento».
Con el respiro que supone el acuerdo con los socialistas para el gabinete de Urkullu –acuciado hasta ahora por su precaria minoría parlamentaria–, unas expectativas de recaudación con visos de mejorar y parte de los acuerdos económicos con La Moncloa encarrilados, el reto más complejo para el lehendakari es sin duda estar a la altura de las expectativas que él mismo ha generado sobre la paz y la convivencia.
Las señales no son demasiado halagüeñas, sobre todo por la posición crítica que el PSE y PP mantienen tanto con el plan de paz como con una ponencia que parece condenada a languidecer este otoño. Pero Urkullu, que dejó claro que el plan de paz «es del Gobierno» y por lo tanto «seguirá adelante» cuente o no con la anuencia del resto de grupos, quiso ver la botella medio llena. «No comparto que se intente confundir a la sociedad diciendo que no se ha avanzado nada. Las cosas eran muy diferentes hace dos años. Si la sociedad vasca ha ido siempre por delante de ETA, ¿cómo no va a ser posible que los representantes políticos alcancemos acuerdos?», se preguntó, antes de recalcar que «no voy a estar quieto» para tratar de cuajar un consenso básico.
En ese sentido, Urkullu dijo estar «abierto y receptivo» a las aportaciones al plan que los grupos pueden presentar hasta el 20 de septiembre y dijo no tener ningún problema en «integrarlas» a la redacción definitiva que se presentará en octubre «si es posible».
Más complicado aún parece el consenso sobre el nuevo estatus político en la ponencia que se pondrá en marcha también este otoño. Urkullu consideró que, al ser Euskadi la única comunidad autónoma que no ha reformado su Estatuto «en 34 años», ha llegado el momento de «revisar» su «relación con España». El objetivo consiste en alcanzar un acuerdo de autogobierno, cuyo alcance no concretó, que integre a «las distintas sensibilidades» políticas y que sea después refrendado por la sociedad.